Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El abogado Juárez Castillo Semán, de la defensa técnica del ex banquero Ramón Báez Figueroa, afirmó ayer que las alegadas pruebas presentadas por ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por la parte acusadora fueron obtenidas de manera ilícita, por lo que no pueden ser valoradas al momento de emitirse una decisión.
Al exponer, por cuarto día consecutivo, su discurso conclusivo durante la fase final del juicio seguido a los imputados del alegado fraude cometido en el Banco Intercontinental (Baninter), el abogado CastilloSemán precisó que las autoridades monetarias y financieras incurrieron en faltas graves cuando intervinieron el quebrado banco en abril de 2003 e iniciaron un proceso de liquidación y disolución.
Explicó que con esta actuación se violaron, entre otros, los artículos 62, 63 y 65 de la Ley Monetaria y Financiera (183-02).
Con relación al fraude ascendente a 55 mil millones de pesos son procesados además de Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es presidido por el magistrado Antonio Sánchez Mejía y lo completan las magistradas Pilar Rufino y Yisselle Méndez.
DISOLUCIÓN
Al dedicar gran parte de su exposición de ayer a analizar el proceso de ocupación y disolución de la entidad, Castillo Semán sostuvo que las autoridades interventoras hicieron modificaciones en los registros contables, por lo que los documentos presentados como alegadas pruebas deben ser rechazadas en virtud del principio de la Legalidad de la Prueba.
Es como si un ladrón entra a mi oficina y se sienta en mi computadora portátil y comienza a cambiar toda la información, reflexionó.
Añadió que esa comisión designada de manera ilegal es la que produce la acusación por mandato del entonces Presidente Hipólito Mejía.
En su exposición, el abogado reiteraba una y otra vez, al igual que en otras ocasiones, que el ex- mandatario fue el responsable de la quiebra del banco, con la finalidad de apropiarse de los medios de comunicación vinculados para utilizarlos en su reelección.
Insistió Castillo Semán en señalar que los elementos de prueba sólo tienen validez sin son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas del Código Procesal Penal.
Definió los documentos que avalan la acusación como un folletón que primero fue elaborado por esa comisión de administración ilegal, luego fue reciclado y pasó a ser el discurso emitido por el entonces gobernador José Lois Malkún; después se convirtió en la querella; luego, en la fase de instrucción se lo enviaron al perito Luis Aurich y finalmente lo traen aquí.
Es una cadena de secuestro, en vez una cadena de custodia. Ese es el caso Baninter una manipulación tras otra, enfatizó.
Asimismo, refirió que también fue violada la Ley Monetaria al entregar a los depositantes por encima de los 500,000 mil pesos que establece la norma vigente.
Además de Castillo Semán, la defensa técnica de Báez Figueroa es integrada por Marino Vinicio Castillo (Vincho), Vinicio Castillo Semán y José Antonio Columna.
NEGOCIACIÓN CON BANCO PROGRESO
El jurista Castillo Semán, apoyado en power point, como ya es norma en el tribunal, explicó que fueron las autoridades que dejaron sin efecto el proceso de fusión con el Banco del Progreso, porque no había interés de salvar la entidad.
Ambas entidades habían iniciado un proceso de negociación en marzo de 2003, el cual posteriormente fue dejado sin efecto.
CONCLUYE PREÁMBULO
El abogado dijo que concluyó esta fase de preámbulo de sus conclusiones y que a partir del lunes van analizar las acusaciones, mientras que será el martes cuando realizarán el cierre de sus conclusiones.
El pasado martes, la defensa técnica de Báez Figueroa inició la presentación de sus conclusiones haciendo una recreación de los testigos a cargo y descargo interrogados en el tribunal, así como el análisis de una serie de copias de recortes de periódicos y documentos, a través de los cuales analizaron, entre otros aspectos, todo lo que a su juicio provocó la quiebra de la entidad bancaria y cómo las autoridades manejaron la situación.
Durante los tres primeros días fueron analizadas las comparecencias de José Lois Malkún, ex-gobernador del Banco Central, el economista Julio Ortega Tous y el ex-presidente del Banco del Progreso, Pedro Castillo.
Además, los interrogatorios practicados a José Américo Montaño Guillén, gerente de Valores de Baninter; Benita Castillo, vicepresidenta de Finanzas de la quebrada entidad; Ismael González Estrada, vicepresidente del área de Finanzas del Banco del Progreso; Ramón Morla Manzueta, segundo vicepresidente de Informática de Baninter; Manuel Ramón Ruiz, segundo vicepresidente del departamento de Administración de Crédito; así como a Leonel Miguel Senior, Vicente Merán Zabala, Giannina Méndez Estévez, Laura Guerrero Castellano, Freddy Dolores Pérez, Zoraida Rosado, Angel García Berroa y el perito Aurich.
También, las intervenciones de Máxima Aracelis Perdomo y Zunilda Paniagua, miembro de la Comisión de Liquidación de Baninter.
RECESO HASTA LUNES
Pasadas las 6:15 de la tarde, el tribunal decidió recesar la continuación de la audiencia para el lunes a las 9:00 de la mañana.
Una vez concluya el consejo de defensa de Báez Figueroa, iniciará la exposición el consejo de defensa de Marcos Báez Cocco, conformada por Tony Delgado y Joan Alcántara.
Posteriormente le corresponde a la defensa técnica de Luis Alvarez Renta, integrada por Eric Raful, Salvador Catrain y Santiago Rodríguez. Luego deberán continuar los abogados de Lubrano de Castillo y Troncoso Ferrúa, quienes se hacen representar por Rolando de la Cruz Bello, Reynaldo Ramos y Rafael Cáceres, entre otros.
El pasado lunes concluyó la parte civil, representada por Artagnan Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, José Lorenzo Fermín, Francisco Alvarez, Carlos Salcedo, Tomás Hernández, Teobaldo Durán, Manuel Sierra y Francisco Benzán, quienes pidieron al tribunal condenar a los imputados a penas de entre 6 y 20 años, así como a una indemnización solidaria de 64 mil millones de pesos.
En tanto, la semana pasada presentó conclusiones el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Francisco García y Danny Germán Villalona. En su dictamen también solicitaron penas que oscilan entre 6 y 20 años, además de multas entre un millón y dos millones quinientos mil pesos.
FISCALES RETRASADOS
Los jueces que conforman el tribunal subieron a estrado alrededor de las 3:10 de la tarde, y tuvieron que esperar unos minutos, al percatarse que los representantes del Ministerio Público. García y Germán Villalona, no estaban en sus respectivos asientos. Minutos después llegaron presentando las debidas excusas por el retraso.
Cansancio en el Tribunal
La audiencia de este viernes inició cerca de las 10:30 de la mañana. Hubo un receso para almuerzo a la 1:00 de la tarde. Al reanudarse la jornada a las 3:20 de la tarde, algunos de los abogados de las partes optaron por no participar de la audiencia.
Es el caso de Alvarez, Salcedo, Pérez Méndez y Raful, entre otros.
Los presentes en el tribunal se comentaban unos a otros su deseo de que la audiencia fuese recesada, debido al cansancio. De acuerdo al cronograma de trabajo establecido, para esta fecha se debería estar en la fase de réplica y contraréplica, pero lo extenso de los discursos conclusivos ha roto el esquema de trabajo.
