POR TANIA HIDALGO
El ex presidente del consejo directivo del Banco del Progreso, Pedro Castillo, quien fue interrogado ayer durante más de dos horas por la fiscalía del Distrito Nacional, expresó a través de sus abogados que solicitó medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra los principales ejecutivos de esa entidad bancaria, incluyendo al abogado Francisco Álvarez Valdez.

Los abogados Radhamés Cornielle y Jorge Lora Castillo expresaron a los periodistas que depositaron la instancia por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, a fin de que apodere a un tribunal que fije la fecha y hora para conocer tal solicitud.

Castillo demandó a los ejecutivos bancarios por RD$750 millones de pesos, tras alegar que incurrieron en robo de documentación privada, asociación de malhechores y falsificación de documentos.

Al ser abordado por los periodistas, Castillo agregó cuando fue sometido a la justicia por los ejecutivos del Banco del Progreso se encontraba fuera del país y que regresó para acudir a todos los requerimientos que le haga cualquier autoridad judicial.

“Estaré asistiendo con mucha regularidad a las oficinas del fiscal, porque estoy dispuesto, permanentemente, a esclarecer todas las documentaciones que han presentado los querellantes”, precisó.

Añadió que los recursos económicos del banco fueron invertidos “en empresas relacionadas con los propios ejecutivos. Más adelante mostraré al país las documentaciones que avalan lo que estoy diciendo. Ellos fueron partícipes de todo eso”.

 Dijo que las autoridades financieras estaban permanentemente trabajando con las personas responsables de la emisión de valores, entre ellos, Alejandro Ruiz, presidente de la empresa Provalores, que contabilizaba y mercadeaba los papales comerciales, los cuales fueron firmados por dos vicepresidentes ejecutivos, Juan José Artera y Marino Inchausti. “Todos ellos conjuntamente con el licenciado Francisco Álvarez Valdez, desde el mes de abril del año pasado estaban trabajando en la documentación correspondiente al desmonte de la emisión por requerimiento de las autoridades”, refirió.

Además de Cornielle y Lora Castillo, acompañaron al imputadolos abogados Brenda D’Alexandro y Darío Arias.

Castillo llegó a la fiscalía a las 4:00 de la tarde y se retiró pasada las 6:30.

MEDIDAS DE COERCION

Castillo deberá acudir hoy nuevamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, específicamente, al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Alfredo Ríos Fabián, donde se conocerán las medidas de coerción solicitadas en su contra, consistente en prisión preventiva, la presentación de una garantía económica equivalente al monto del perjuicio ocasionado hasta ahora a los querellante, es decir, de 14 mil millones de pesos e impedimento de salida del país.

Asimismo, los abogados Abel Rodríguez del Orbe, Francisco Alvarez Valdez, Roberto Rizik Cabral, Olivo Andrés Rodríguez, Tomás Hernández y Julio César Camejo Castillo, en representación del Grupo Progreso, el Banco Dominicano del Progreso, Caribbean Card System, BDP International Finance Corporation, Credicobros, Roberto Bonetti Guerra, Berndt Ladurner, José Diez Cabral, Juan Bautista Vicini, Miguel Barletta, Rafael Perelló y Andrés Gustavo Pastoriza, solicitaron que al imputado se le ordene presentarse con la periodicidad que se estime conveniente por ante la autoridad competente.

De igual manera, pidieron la inscripción de hipoteca judicial hasta el equivalente en moneda nacional de RD$11, 000,000,000 de los bienes inmuebles de Castillo, así como de aquellos cuya titularidad formal figure a nombre de las sociedades Carlow Ventures, Inc, Lin Aviation, Gaviota del Sol, Tenedora Pelicano, Palmyra, Inmobiliaria Mercas, Olmist, Sociedad Costera Castiplan, Runskin y Oakhill Ventures, S.A., terceros civilmente demandados, a los fines de garantizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Los abogados solicitaron además que se ordene el embargo retentivo y la intransferibilidad de las acciones y demás activos financieros que figuren a nombre del imputado y de las compañías de su propiedad.

Los abogados del Banco del Progreso presentaron por ante la fiscalía del Distrito Nacional un expediente contra Castillo, en el que lo acusan de incurrir en una serie de operaciones fraudulentas, a través de las cuales utilizó y malversó para su exclusivo provecho o el de sus empresas más de 14 mil millones de pesos.