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LA HABANA (AFP) – Un alza en las tarifas eléctricas, aumentos en pensiones y salarios son las primeras medidas dictadas por el presidente Fidel Castro para centralizar aún más la economía, en su guerra declarada contra el derroche, la desigualdad social y la corrupción, que amenazan la revolución cubana.
Tres decretos divulgados en los medios de comunicación oficiales anunciaron alzas escalonadas en las tarifas eléctricas para sancionar a quienes consumen más de 100 kw/hora, así como aumentos de pensiones y salarios -el mínimo es de 9 dólares y el promedio de 15- según categorías académicas.
Castro justificó las nuevas tarifas en los altos precios del petróleo y en el despilfarro, y los aumentos de salarios y pensiones en la necesidad de cerrar la brecha social abierta en la crisis económica tras el derrumbe en 1991 de la Unión Soviética.
«Existen grandes desigualdades de ingresos entre los que reciben pensiones y salarios relativamente bajos y los que se benefician de grandes ingresos monetarios derivados de especulaciones, desvíos de recursos y otras formas de enriquecimiento ilícito», subrayó el documento firmado por el gobernante cubano.
Las medidas eran esperadas desde que el pasado jueves, en un discurso de casi seis horas, trazó un nuevo rumbo de la revolución cubana, en pie desde hace 47 años, con base en una «batalla ética» contra la corrupción y en una mayor centralización de la economía.
«La batalla es de vida o muerte», sentenció en esa ocasión, al prometer que «Cuba avanza aceleradamente hacia la reducción de desigualdades e injusticias que aún hoy se aprecian, tras el Período Especial (crisis)».
Su blanco son los llamados «nuevos ricos» (gerentes, campesinos privados, intermediarios comerciales, propietarios de pequeños restaurantes y talleres, arrendatarios de habitaciones a extranjeros), que nacieron durante la crisis de los años 90.
Viven en las grietas del mercado negro, las ilegalidades y la corrupción. Un «nuevo rico» gana «50 veces más» que un médico especialista, según el presidente.
Ante la estrepitosa caída de la economía cubana de hasta un 37% tras la desaparición del bloque soviético, el Gobierno cubano aprobó una serie de medidas de reactivación «con elementos de mercado».
Se legalizó el curso del dólar, se permitieron remesas del exterior en divisas, se autorizó el trabajo por cuenta propia y algunos servicios privados (alquileres, pequeños restaurantes), se dio prioridad al turismo internacional y el mercado agropecuario, espacio regido por la oferta y la demanda.
Pero ahora Castro advierte con rigor: «No somos neoliberales». Otras medidas están por venir. Hace una semana anunció un estricto plan de control de recursos estatales y dibujó el cierre de esos pequeños espacios abiertos a la actividad privada -restaurantes y agromercados-.
También anunció la desaparición de libreta de racionamiento -asignación mensual de alimentos subsidiados- y dijo que atacará a los taxis colectivos privados que alivian la demanda insatisfecha de transporte público y que en los últimos meses aumentaron sus tarifas.
Sugirió una futura revaluación de la moneda local frente a la divisa convertible (0,80 dólares por un peso convertible o CUC), lo cual afectaría a las remesas, vitales para la supervivencia de millones de cubanos.
Pero el gobernante sostiene que con las nuevas medidas alcanzará para vivir del trabajo o la pensión, sin necesidad de recurrir al contrabando o al mercado negro que drena la economía estatal.
Para «salvar» a la revolución, el líder, de 79 años, convocó a los 11,2 millones de cubanos, pero en su «batalla contra el vicio» apuesta por el relevo generacional.
De un enorme ejército de jóvenes, Castro envió ya una primera avanzada de 28.000 trabajadores sociales que han copado las gasolineras para frenar el robo de combustible, y que, según la voz popular, llegarán pronto a otros sectores de la economía.
