POR TANIA HIDALGO
El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, envió ayer a juicio a catorce de los 16 implicados en la supuesta estafa en el Plan Renove. Ríos Fabián liberó de la acusación al ex banquero Ángel Rondón por insuficiencia de pruebas, admitió como querellante al sindicalista Juan Hubieres, de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), y dispuso el desglose del expediente en cuando al doctor Pedro Franco Bacía hasta tanto un tribunal decida sobre un pedimento de sus abogados.

Ríos Fabián dictaminó que existen fundamentos que hacen presumir que los implicados incurrieron en desfalco, prevaricación, estafa y asociación de malhechores, mientras que emitió un auto de no ha lugar para Ángel Rondón.

En la resolución número 8-2005, el juez consideró que hay indicios de responsabilidad penal en el vicealmirante Ramón Emilio Jiménez hijo, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Jhonny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson), Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Paulino Antonio Reynoso, Freddy William y Alfredo Pulinario. Además Ríos Fabián puso impedimento de salida a Goodson y le exigió una fianza de RD$50 millones.

De igual manera, ordenó el desglose y sobreseimiento del expediente en cuanto al ex presidente del Plan Renove, Pedro Franco Badía, hasta tanto la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosalba Garib, apodere por medio del sistema aleatorio a uno de los Juzgados de la Instrucción para que decida en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento solicitado por sus abogados, Carlos Balcácer y Bolívar Reynoso.

En la resolución de 130 páginas el juez ratificó todas las medidas de coerción ordenadas en contra de los imputados el pasado 19 de noviembre por el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción, Víctor Martínez. La lectura de la decisión fue iniciada a las 10:00 de la mañana y concluyó a la 1:40 de la tarde.

Al escuchar la resolución, tanto Francisco Antonio Pérez como Alfredo Linares vociferaron insultos en contra del juez, quien aclaró que «aquí no hay condena, no hay medidas de coerción, el juez de la instrucción es solamente un evaluador y en un juicio de fondo es donde se determinará el grado de responsabilidad de cada quien».

A las 11:40 de la mañana, cuando una de las secretarias leía la decisión que afecta a Francisco Antonio Pérez éste se levantó del banquillo, al tiempo que vociferó: «ese es un juez sin responsabilidad. ¡Buen bandido! En este país no hay justicia». Ante esas palabras, Ríos Fabián ordenó a la policía judicial apresar al sindicalista y sacarlo del tribunal. Minutos después fue dejado en libertad.

En sus conclusiones, los fiscales Francisco García y Ernesto Mena, el subdirector del Departamento de Prevención de la Corrupción, Hotoniel Bonilla, y el fiscal adjunto John Garrido, solicitaron enviar al grupo a juicio de fondo, por entender que existen suficientes indicios en su contra.

RECHAZAN DECISIÓN

De su lado, los acusados criticaron la decisión del magistrado. Los sindicalistas Fabio Ruiz y Alfredo Pulinario, así como Antonio Reynoso (Padre Toño) rechazaron la resolución.

Ruiz alegó que es inocente. «Esta decisión parece que fue redactada por el ministerio público, ya que fueron los mismos términos que se utilizaron en la acusación, además de que no se tomaron en cuenta ninguno de los documentos que depositamos, poniéndonos de relajo durante once días», alegó.

Consideró que el juicio es parte de un «show político» y que el juez recibió presiones del gobierno.

De su lado, el abogado Félix Damián Olivares, en presentación de Goodsom dijo que «es un monumento antológico al adefesio».

En tanto, calificó como arbitraria y extemporánea la coerción impuesta a su defendido porque no la solicitaron los acusadores como lo establece el artículo 298 del Código Procesal Penal.

De su lado, el Padre Toño dijo que lo importante es que su conciencia está limpia y tranquila, ya que lo implican en el caso simplemente porque, como miembro del consejo, prestó por «delicadeza y generosidad» un dinero que luego le devolvieron.

En la resolución, el juez intimó a las partes para que en cinco días señalen a la presidencia del tribunal el lugar y domicilio de las notificaciones en virtud del artículo 303 del Código Procesal Penal.

De su lado, el abogado Carlos Olivares manifestó que era de esperarse la sentencia de Ríos Fabián, «ya que en todo momento se pudo percibir un interés marcado por conocer el proceso y perjudicar a los imputados, pese a todos los incidentes presentados, en violación al artículo 78, ordinal número 7 del código».

ACUSACIÓN

La mayoría de los imputados están acusados de asociación de malhechores para estafar al Estado por medio del plan Renove. Jiménez Reyes es señalado como la persona que inicio el proceso de compra sin previamente llamar a concurso público, tal y como le obligaba la Ley, de aprobar que Goodson hiciera la oferta a través de una compañía inexistente, como fue la Hyundai GTS Dominicana, de US$40,887,191 en vehículos, lo que ha imposibilitado al Estado reclamar las garantías.

Además, habría forzado un acuerdo entre la empresa Hyundai América Corporation y Magna Motors, ésta última representante de la Hyundai Motor Company de Corea en la República Dominicana, para que las ventas fueran encarecidas. Según la acusación la Hyundai América, de Goodson, debía entregar a Magna Motors el 2.5% de las ventas. Se acusó a los directivos del plan de sobrevaluar en US$2,014 cada unidad.

En tanto, Ruiz, otro presidente del Plan, recibía fondos públicos, habría comprado sin licitación vehículos, junto a Pedro A. Franco Badía, Antonio Marte Familia, Antonio Reynoso, Milcíades Amaro Guzmán, Amadeo Lorenzo Ramírez, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta.

De igual manera, se le acusa de que aceptó que el minibús de modelo County fuera sobrevaluado en US$1,679 y de promover una resolución en el consejo del Plan Renove del 17 de julio del 2003 para que las empresas o federaciones retuvieran en su provecho 4% del 13% de interés cobrado a los beneficiarios.

Esto, se indicó, fue aprobado junto a los coimputados Siquió NG de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Amadeo Lorenzo, Antonio Reynoso, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte, Blas Peralta, Antonio Pérez y Alfredo Pulinario.

También se le acusado de aceptar que los minibuses, valuados en dólares, se pagaran a una tasa RD$19 por US$1, cuando a la fecha la tasa oficial del Banco Central era de RD$32.20 por US$1.

Además se les acusa que el grupo consintió en entregar las unidades nuevas, sin previamente recibir las unidades viejas, como mandaba el decreto que le dio origen al Plan, además de entregar vehículos a personas ajenas al servicio de transporte.

De acuerdo a la decisión, Ruiz se asoció de manera ilícita con el coimputado Amaro Guzmán para variarle en RD$100,225 el precio a las unidades entregadas a éste último, en perjuicio del Estado.

Dispuso ilegalmente, junto a los coimputados Amaro Guzmán, Amadeo Lorenzo, Antonio Marte, Antonio Reynoso, Gervasio de l Rosa, Blas Peralta, Alfredo Pulinario, Antonio Pérez, de RD$50 millones para la compra de motocicletas, suma ésta que estaba determinada única y exclusivamente para la amortización de la deuda contraída por el Estado por concepto de éste Plan. Esas motocicletas fueron adquiridas sin licitación pública, sin ningún estudio de factibilidad y distribuidas de manera irracional, «contrariando la ética, la equidad, procurando ventajas individuales, sin control alguno que permitiera el retorno de dichos fondos».

Entre las imputaciones formuladas a Ng de La Rosa está la donación 175 vehículos de manera «discrecional y sin ningún criterio ético ni equitativo» y de asociarse de manera ilícita a Antonio Marte, con quien acordó variarle el precio en perjuicio del Estado a las unidades Hyundai del modelo Aero Space LD Bus, asignadas a éste o a sus afiliados, de RD$1,428,344, que era el precio oficial, a RD$1,328,119, una reducción de RD$100,225 en 37 vehículos.

A Juan Julio (Johnny) Morales Rosa se le acusa de ser el principal promotor y artífice del plan para renovar la flota de vehículos de pasajeros y de carga, y de ofrecerlas en venta a través de su socio Sam Goodson, sin tener la condición de importador o distribuidor de vehículos «procurando con ello elevadas ventajas económicas en perjuicio del Estado». Se le acusa también de usar como testaferro a su yerno Héctor Manuel Evertz García quien representaba a Goodson.

ALERTAN

Ayer fueron alertados todos los aeropuertos del país sobre el impedimento de salida contra Goodson mediante una circular que emitió ayer el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA) firmada por el general Santo Domingo Guerrero Clase.