El pasado 19 de julio de 2022 Estados Unidos publicó su acostumbrado informe anual sobre la trata de personas, en el que criticó a la República Dominicana de no cumplir con las normas mínimas para la eliminación de dicho flagelo, aunque reconoció que en el país se «está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo».

Dicha posición, despachada desde el Departamento de Estado, fue la misma en el año 2021. «El gobierno demostró un incremento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata; por lo tanto, la República Dominicana fue reclasificada al nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron el aumento de los esfuerzos para investigar la complicidad oficial en los delitos de trata, el pago de una restitución a una víctima de trata, la prohibición del matrimonio infantil para reducir la vulnerabilidad de las niñas a la trata, y la oferta de refugio y asistencia migratoria para los venezolanos vulnerables», detalla el más reciente informe.

El reporte de Estados Unidos llegó cuando las autoridades dominicanas concluían uno de los golpes más sonados de los últimos años contra la trata en el país, al cual denominaron Operación Cattleya.

En dicho operativo, que participaron más de 25 fiscales y decenas de agentes especiales de la Policía Nacional en el Distrito Nacional y varios puntos de la región este, rescataron a 80 mujeres víctimas del ilítico, 78 de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.

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La presunta organización criminal, por la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para 15 personas y que el caso sea declarado complejo, traía a las mujeres desde Colombia y Venezuela para explotarlas sexualmente con precios individuales que iban desde RD$3,000 hasta RD$7,500.

Los datos presentados por Estados Unidos

Aunque la República Dominicana se ha quedado corta en la lucha contra la trata, precisa el informe de los Estados Unidos, los esfuerzos para legislar contra el tráfico sexual han sido notables, según el mismo reporte de este año.

«La Ley de Contrabando y Trata de Personas de 2003 (Ley 137-03) penalizaba todas las formas de tráfico laboral y algunas formas de tráfico sexual y establecía penas de 15 a 20 años de prisión y multas. De manera inconsistente con el derecho internacional, la ley requería una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños y, por lo tanto, no criminalizaba todas las formas de tráfico sexual de niños. El artículo 25 del Código de Protección del Menor de 2003 tipificaba como delito el ofrecimiento, la entrega o la aceptación, sin tener en cuenta los medios utilizados, de cualquier persona menor de 18 años con fines de explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otro fin que degradara al individuo, a cambio de una remuneración o cualquier otra contraprestación, y prescribía una pena de 20 a 30 años de prisión y una multa», detalla el informe del Departamento de Estado.

La Fiscalía General y la Unidad Policial contra la Trata de Personas informaron de que habían iniciado conjuntamente 53 investigaciones sobre trata de personas que afectaban a 76 personas (47 casos de 69 personas por trata sexual y seis casos de siete personas por trata laboral). La Fiscalía General y la UAT informaron de que habían iniciado 107 investigaciones en 2020, precisa el reporte estadounidense, en el que se ubica a la República Dominicana en el nivel 2.

Pese a esto, el informe detalla que 92 presuntos delincuentes fueron llevados a los tribunales por delitos de tráfico sexual, laboral, explotación no especificada, entre otros.

«El gobierno continuó las investigaciones en 15 casos (seis por tráfico sexual, tres por tráfico laboral y seis casos por explotación no especificada, incluyendo el proxenetismo y el lenocinio) de los periodos anteriores. El gobierno informó del inicio de procesos judiciales contra 46 presuntos traficantes (41 por tráfico sexual y cinco por tráfico laboral), en comparación con el inicio de procesos judiciales contra 42 acusados en 2020 (36 por tráfico sexual y seis por tráfico laboral). El gobierno continuó con el enjuiciamiento de 52 sospechosos (42 por tráfico sexual, cuatro por tráfico laboral y seis por proxenetismo y lenocinio). Del total de procesamientos, el gobierno enjuició a 92 presuntos delincuentes en virtud de las leyes contra la trata y a seis personas en virtud de otras leyes», publicó el Departamento de Estado en julio de este año.

La trata sexual sobre la laboral

Cuando el gobierno cambió, indica el informe, los esfuerzos por combatir la trata de personas se relentizaron. Esto, conjugado con la falta de capacitación y tecnología para identificar, investigar y procesar la sentencia y los delitos contra el citado crimen, «a veces, favoreciendo los derechos del acusado sobre los de la víctima».

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«Una ONG informó que las autoridades dedicaron casi exclusivamente sus esfuerzos contra la trata de personas a abordar la trata sexual y que el gobierno no hizo esfuerzos ni proporcionó fondos para combatir la trata laboral», asegura el informe.

Otra piedra en el zapato, según Estados Unidos, es la corrupción y la complicidad de los funcionarios en los delitos de tráfico de personas, los cuales, según el Departamento de Estado, siguieron siendo motivo de preocupación.