La aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario ha derivado en graves consecuencias en el proceso de registro de la propiedad inmobiliaria del país, debido a que  no fue entrenado  adecuadamente el recurso humano que trabajaría en el proceso de cambio de  archivo  físico a  digital.

La denuncia fue hecha  por el ingeniero Juan Manuel Sosa, presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, durante la celebración del Día Nacional del Agrimensor, junto a más de 150 profesionales de todo el país.  En esta actividad fueron  inauguradas tres juntas directivas regionales, una de la región Norte con asiento  en Santiago, otra en San Francisco de Macorís y la otra en el Sur con asiento en Baní.

Sosa reveló que la mala aplicación de la Ley  ha contribuido a que muchas familias que ya estaban registradas fueran sacadas de sus propiedades, debido a que segundos registraron a sus nombres los terrenos que ya tenían dueños. 

“Familias que tenían más de 200 años ocupando terrenos que por ley les correspondían, la ley los ha dejado en cero”, señaló Sosa.

 Explicó que  en el caso de algunas parcelas que no llegaron a cumplir con el proceso del registro de la propiedad como tal, sus propietarios fueron sacados de lo que era la Base del Sistema Registrar.

“Esta fue una Ley que no se consensuó, nos la trajeron por los cabellos y nos la impusieron, y vamos para el tercer año de su aplicación”.

 Criticó el hecho de que la Dirección Inmobiliaria no se  prepara para dar respuesta a la cantidad de registro de propiedad  que surgirían fruto de la aplicación de la Ley. “Eso ha contribuido a retranca en los procesos”, dijo.  

Declaró  que las direcciones de mensura no están en capacidad de revisar todos los expedientes concentrados  en una oficina aquí en la ciudad Capital. Consideró que ese proceso ha producido un “entaponamiento” que a su juicio  crea un caldo de cultivo para la corrupción.

“La Suprema Corte de Justicia está concentrando la revisión de los expedientes aquí en la Capital, y eso no debe ser, la Ley especifica muy claro que donde hay un tribunal superior de tierra, debe haber una división de mensura catastral, capaz de resolver los problemas técnicos”, consideró.

  El presidente de los agrimensores indicó que las tres regionales de mensura debería estar en capacidad de  revisar y aprobar los expedientes catastrales, tomando en cuenta que  existe la dirección de Santiago, a la cual le  corresponde todo el departamento Norte. Sin embargo, los expedientes que son aprobados en  esa demarcación tienen que ser traídos a la capital para un nuevo proceso.  Lo  mismo sucede con los procesos de San Francisco de Macorís, que tienen que venir a la Capital para ser revisados y aprobados nueva vez.