El hundimiento institucional al otro lado de la frontera ha dejado a República Dominicana en la necesidad de reforzar sus dispositivos de seguridad a lo largo del límite geográfico, con aumento considerable en gastos de defensa en un momento particularmente difícil por la pandemia que crea urgencias de otra naturaleza.
Se suman a los operativos con gruesa participación de tropas y equipos, las restricciones al acceso y presencia de ciudadanos haitianos en el país, aun sin tener relación con la violencia generada por gente armada que escapa a la voluntad de autoridades y que se dice dispuesta a cualquier cosa incluyendo el asesinato a mansalva de extranjeros secuestrados.
Un poder de fuego en manos de pandillas declaradamente dispuestas a derramar sangre para eliminar lo poco que queda de autoridad legal para una posible interlocución civilizada a lo interno y con el resto del mundo.
Un vacío de garantías para los seres humanos y para el desenvolvimiento de servicios públicos de salud, educación y protección a las actividades de producción y comercio que arrastra a Haití hacia fuera de los usos civilizados.
Cuente el Gobierno dominicano con el respaldo de la nación en las decisiones, que no impliquen drasticidades, para proteger a la República de cualquier manifestación de barbarie sin dejar de alentar un retorno a la normalidad y al respeto mutuo, sin llevar perjuicio alguno a quienes desde cualquier lado de la frontera estén desvinculados de los desafueros.
El problema con Haití lo causa una aterrorizadora minoría
Una nación convulsionada que merece ocasión para liberarse
Separemos a los villanos del resto de la sociedad que por ellos sufre