La Cámara de Cuentas planteó al Congreso la necesidad de un consenso con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública para garantizar el control interno y externo, así como la rendición de cuentas de las entidades municipales, en las que, mediante un estudio, determinó graves irregularidades administrativas.

La investigación que hizo la Cámara de Cuentas junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que en los 155 municipios y 232 distritos municipales «existen debilidades en la aplicación de las leyes que los rigen, o en la forma de sancionar el incumplimiento a las mismas».
Con el documento, remitido al Senado, el organismo fiscalizador del Estado expresa:

“No se evidencia que exista un sistema de seguimiento para monitorear la gestión de los ayuntamientos y de los distritos municipales, y asegurar que éstos se manejen de acuerdo a lo que establecen las normas.
“Tampoco se evidencia –agrega- la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, por ejemplo, en el caso del uso de los recursos o la empleomanía excesiva”.