CD aprueba proyecto prohíbe a colegios cobrar reinscripción. Amado Díaz, proponente. Hoy/Fuente Externa 18/03/21
Diputados aprobaron Ley regula el Sistema Penitenciario y Correccional Dominicano
La Cámara de Diputados aprobó -en primera lectura- el proyecto de Ley que prohíbe a los colegios privados cobrar por la reinscripción de los estudiantes, y en otra votación aprobó la Ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana, acogiendo las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.
El proyecto del diputado perremeísta Amado Díaz regula la admisión y la inscripción en los centros privados, y establece la gratuidad de reinscripción para los alumnos que son promovidos de curso. En la sesión de ayer, los legisladores lo declararon de urgencia y decidieron enviarlo a plazo fijo a la Comisiones de Educación y Juventud.
Está pendiente de una segunda aprobación en la cámara baja, cuando se espera que se realicen los debates del tema que es reclamado por los padres de muchos centros de enseñanza privados.
Ley del Sistema Penitenciario y Correccional. Este proyecto del diputado peledeísta Víctor Suárez, había sido convertido en Ley en ambas cámara legislativas, pero el poder ejecutivo le realizó una serie de observaciones, las cuales fueron acogidas por el Senado de la República y ahora por el pleno de los diputados, por lo que retorna al Ejecutivo para fines de promulgación.
Las observaciones versaron sobre el régimen de incentivos fiscales establecidos en el artículo 102 de esta ley, la cual crea una serie de incentivos al sector privado para el apoyo a la reinserción de los privados de libertad mediante la instalación en los recintos penitenciarios de naves industriales. Los incentivos establecen la exención del pago del impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a las empresas que entren al sector productivo en las cárceles.
También trata los impuestos aduaneros sobre materiales de construcción, equipos y maquinarias; exención de tres años del ITBIS para la adquisición o importación de los materiales de construcción, equipos y maquinarias utilizados en la construcción de naves industriales dentro de las cárceles del país.