El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, informó que tiene prácticamente cerrado un acuerdo para la conversión a gas de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (CESPM) que no implica la extensión del contrato que la empresa mantiene con el Estado.

Por otro lado, Jiménez Bichara explicó que ni la CDEEE ni la Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) pueden intervenir en Samaná, porque la distribución y la generación de energía allí fue concesionada a la empresa Luz y Fuerza, que confronta actualmente un conflicto entre sus accionistas que ha afectado a los clientes.

Informó que las negociaciones para la conversión de la Cogentrix llevan más de diez años, sin que hasta ahora se pudieran armonizar las posiciones del Estado y la de los accionistas de la empresa.

Dijo que de siete puntos en discusión, faltaba uno por armonizar, y “anoche llegamos a una conclusión y hoy esperamos respuesta, donde ya la extensión del contrato fue desmontada en el curso de las negociaciones para dejar el tema terminado”.

La CESPM o Cogentrix cuenta con tres unidades de 100 megavatios cada una, para una producción de 300 megavatios. La empresa está amparada por un contrato soberano (aprobado por el Congreso Nacional) de 20 años, que vence en 2022.

Jiménez Bichara expresó su preocupación por la situación que atraviesa la compañía Luz y Fuerza, de Samaná, y que afecta seriamente el suministro eléctrico, la tranquilidad social y el turismo en esa provincia.

Explicó que hay un conflicto entre los accionistas que deberá ser solucionado por la justicia, en cuyas manos se encuentra.

En cuanto a los reclamos de los moradores de Samaná para que Edenorte acuda en su auxilio, dijo que no es posible hacerlo, porque tanto la generación como la transmisión están concesionadas a la empresa Luz y Fuerza.

En los casos de estas concesiones a empresas privadas, explicó, ni la CDEEE ni las empresas distribuidoras pueden intervenir, ya que cada una de ellas tiene limitada también su área de concesión.

“Sería una irresponsabilidad de mi parte decirte que no me preocupa, porque son del sector eléctrico, pero la parte regulatoria la manejan la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, que son las instituciones que tienen a su cargo esa tarea”, aclaró el principal ejecutivo de la CDEEE.

Dijo que ambas instituciones estatales han estado en contacto y tratando de buscar soluciones al problema, “pero es una litis judicial que involucra a accionistas dueños, y es una empresa privada en un proceso legal al que hay que darle su curso normal”.

El funcionario explicó que los clientes de las empresas privadas que tienen áreas concesionadas no reciben el subsidio que otorga el Estado a los clientes de las distribuidoras estatales, lo que eleva el monto de las facturas, sobre todo en los casos en los que la generación es a base de derivados del petróleo, como ocurre en Samaná.