El Comité de los Derechos Humanos calificó ayer de ilegal y violento el desalojo realizado el 27 del mes pasado por orden del general Ludwing Suardi Correa, Director Regional Este de la Policía Nacional, a las 800 familias residentes en   Invidorex, de Brisas del Este, Santo Domingo Este.

Afectados por el desalojo presentaron pruebas que la parcela 185-171 perteneciente al Distrito Catastral número 6 ubicadas en el sector Invidorex  pertenecen a los damnificados del Ciclón David y fueron otorgadas por el Gobierno de Joaquín Balaguer a la señora Isabel Mercedes Rosario Almánzar para que hiciera entrega.

Presentaron una certificación del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) que constata que son dueños de los terrenos fechado el 6 de abril de 2005. 

En la rueda de prensa encabezada por Diógenes Ozuna, presidente del Comité de los Derechos Humanos para la provincia de Santo Domingo y Martín Ferreras, representante del comité en Brisas del Este, en las oficinas del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), los afectados denunciaron que el general Suardi tiene un negocio de tráfico de drogas y le interesa el dominio del sector para incurrir en hechos delictivos.

Exhortaron al jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, tomar medidas contra ese oficial corrupto y sus cómplices los mayores Rafael Duval Taveras y Madé, quienes cobraban 2 mil pesos a los residentes del lugar  para dejarlos construir.

Afectados. Los munícipes precisaron que 8 personas resultaron heridas por el “abuso de poder” cometido durante el desalojo que se realizó a las 3:00 de la madrugada. Informaron que el niño de 2 años  Ángel Gabriel que se reportó como desaparecido apareció en casa de otros vecinos.

Sobre la muerte del sargento De los Santos Rojas quien recibió un disparo en la cabeza los desalojados afirman que lo mató la  Policía y que los apresados son inocentes, “muchachos que los sacaron de sus casas en la noche, por la fuerza”, dijo Ana Pérez, representante de la iglesia evangélica Betel.