La Comisión Europea aclaró este viernes cómo se deberán eliminar los contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual que cuelguen los usuarios en plataformas como Youtube o TikTok, cuando el lunes entre en vigor la directiva de derechos de autor que España no ha transpuesto aún.

Se trata de uno de los puntos más polémicos que ha rodeado a esta directiva y con estas directrices que estaba obligada a presentar, Bruselas explicó cuál debe ser el equilibrio en internet entre el derecho a la propiedad intelectual y el de la libertad de expresión y el papel de las grandes plataformas para garantizarlo.

Las empresas deberán llegar a acuerdos con los propietarios de derechos de autor para que sus contenidos puedan seguir mostrándose en las páginas web, de tal forma que los autores tengan más beneficios por sus obras compartidas en internet.

Aunque si no alcanzan ese pacto, plataformas como Youtube o Facebook estarán exentas de bloquear la publicación si demuestran que han hecho todos los esfuerzos para firmar el contrato con los tenedores de la propiedad intelectual.

La Comisión explicó también cómo deben funcionar los filtros tecnológicos que usen las plataformas para detectar qué contenido deben retirar, una de las cuestiones que más han batallado los defensores de la libertad de expresión.

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Los algoritmos deberán ser capaces de detectar si un usuario ha colgado en Youtube una película completa grabada en el cine de forma ilegal. En ese caso, deberán retirarla, pero no si una persona utiliza un pequeño fragmento de ese filme para comentarlo en un vídeo personal.

Los filtros tampoco podrán eliminar las fotografías o memes que se publiquen a modo de parodia, ni los enlaces en enciclopedias como Wikipedia que no tienen ánimo de lucro.

Sin embargo, Bruselas no aclaró otro de los aspectos polémicos de la directiva, especialmente en España, como son los acuerdos a los que deben llegar los editores de prensa con agregadores de noticias como Google News, para que estos puedan mostrar sus artículos.

Al no haber transpuesto la directiva a tiempo -el Gobierno no la llevó a aprobación en el último Consejo de Ministros- Bruselas podría iniciar un procedimiento de infracción contra España que, en último término, podría acabar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.