La Comisión Europea lanzó una iniciativa que penalizaría a los asesores fiscales, abogados, contables o bancos que no informen a las autoridades tributarias nacionales de los esquemas de planificación fiscal agresiva que utilicen las multinacionales para evadir o eludir impuestos.

De acuerdo a informes, se trata, de momento, solo de un proyecto de reforma de la directiva de Cooperación Administrativa y debe ser aprobada tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento Europeo.

La enmienda de la legislación que propone la Comisión obligará a lo que denomina como «intermediarios financieros» a informar a los Gobiernos cuando el sistema fiscal entre los negocios transfronterizos de una multinacional cumpla ciertos indicadores considerados de riesgo.

El número de profesionales potencialmente afectado por la medida es bastante amplio. Según explica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, estarían obligados a informar a las haciendas de cada país los intermediarios que hayan preparado el plan fiscal transfronterizo para que este sea usado por una compañía o un individuo.
Esa responsabilidad pasaría al individuo o la compañía que reciban el asesoramiento si ese intermediario no tiene sede en la Unión Europea o está obligado a respetar el secreto profesional, o si el plan lo diseñan profesionales de la plantilla de la empresa.

Entre los signos sospechosos que obligarían a informar se encuentran los pagos a entidades residentes en paraísos fiscales, la ocultación de ingresos, evitar el intercambio de información fiscal en la Unión Europea, una remuneración al intermediario en función de cuántos impuestos ahorre la empresa o la vulneración de las normas básicas de precios de transferencia.
El Gobierno que reciba esta información estará obligado a compartirlo automáticamente con los Ejecutivos relevantes. Además, en caso de que detecte que estos intermediarios financieros incumplen esta obligación de transparencia deberá sancionarlos de forma «proporcionada», pero también «disuasoria».
Eso sí, la propuesta de la Comisión Europea deja en manos de cada país el detalle y la naturaleza de esas sanciones, aunque sugiere «multas» y «sanciones administrativas».

«Queremos crear una nueva disuasión de forma que los intermediarios se lo piensen dos veces antes de ofrecer un esquema que pueda perjudicar a la justicia fiscal», ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa.

El comisario francés ha señalado que Bruselas no quiere «culpar» a una serie de profesiones pero ha apuntado que «algunos intermediarios» han ido más allá de sus competencias. «En algunos casos diría que son incluso los cerebros detrás de los complejos esquemas fiscales transfronterizos», ha denunciado.