El presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, anunció ayer que Bruselas prepara una auténtica revolución para acabar con el fraude fiscal, la evasión de impuestos y las prácticas depredadoras de los paraísos fiscales que hay en la propia Unión Europea.

Juncker contraataca así para salvar el escándalo fiscal que le ha salpicado en los últimos días: como primer ministro luxemburgués llegó a acuerdos con más de 300 multinacionales que se llevaban su sede al Gran Ducado para ahorrarse miles de millones de euros en impuestos por los beneficios cosechados en el resto del mundo.

La Comisión propondrá a los Estados miembros la armonización de las bases fiscales del impuesto de sociedades, para evitar la competencia fiscal desleal de algunos países. Y un intercambio automático de información con el resto de los socios tan pronto un país firme con una empresa un acuerdo fiscal, para evitar que las empresas acaben eludiendo el pago de impuestos. Juncker ha asegurado que asume «las responsabilidades políticas” del caso, aunque ya no es primer ministro de Luxemburgo: no habrá dimisiones. Y ha defendido su labor al frente de su país: No hay nada que indique que mi objetivo era organizar la evasión fiscal en Europa».

Pero nada le va a ser fácil a partir de ahora. Por un lado, con el caso queda patente la hipocresía de un líder político que con una mano reclamaba ajustes y recortes a los países del euro como presidente del Eurogrupo, y con la otra firmaba acuerdos poco transparentes con empresas que evitaban cotizar en los países donde conseguían sus beneficios y lo hacían a tipos muchos más bajos (hasta el 1%, en algunos casos) en Luxemburgo.

Por otro, esa revolución depende de la buena voluntad de los Estados miembros: la Comisión Barroso ya lanzó en noviembre de 2011 una propuesta de directiva muy ambiciosa, que incluía la armonización de las bases fiscales del impuesto de sociedades (que pagan las empresas, y cuya recaudación se ha desplomado en lo que va de crisis en países como España). Hasta una decena de países la bloquearon.

En asuntos fiscales, la Unión necesita aprobar los acuerdos por unanimidad, lo que deja derecho de veto a los países que han hecho de la competencia fiscal su modus vivendi: Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Austria o Chipre son los sospechosos habituales, y votan sistemáticamente en contra de avances en esa materia, o tratan de retrasarlos al máximo.