Miguel Ceara Hatton culpó a Simón Lizardo, contralor general de la República durante el gobierno de Leonel Fernández y hoy ministro de Hacienda, de haber permitido que tuviera lugar un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos.

Asimismo, Hatton consideró que aún cuando la propuesta de reforma fiscal del presidente Danilo Medina, tiene justificación en la Estrategia Nacional de Desarrollo, para afrontar la situación, también hay que averiguar las violaciones en que se incurrió a la Constitución y a las leyes de Contraloría, de Crédito Público y de Presupuesto.

Él es el responsable de informar eso que está pasando, dijo, también atribuyó niveles de responsabilidad al ministro de Hacienda de ese entonces, Daniel Toribio, como al de Economía, Planificación y Desarrollo, Temistocles Montás, quien dijo podrá alegar a su favor que legalmente esas funciones escapaban a su control, aunque era parte del equipo económico.

Además, explicó que en el caso es al Contralor a quien corresponde determinar y autorizar previamente el gasto, por lo que al no hacerlo incurrió en violación a la ley, por lo que lo considera ahora como ministro de Hacienda no fiable para poner bajo su control los 55 mil millones de pesos que el Gobierno aspira a recaudar con la reforma fiscal.

No hay forma de explicar lo que ocurrió en el año 2012. No hay forma humana de explicarlo y nadie que sea mínimamente educado y entendido en temas económicos puede alegar ignorancia, argumentó.

Declaró que la causa del déficit se atribuye a una caída de 27 mil millones de pesos en los ingresos y a que se estimó 270 mil millones para el subsidio eléctrico que se remontó a mil 260, y a la fuerte inversión de 40 mil millones de pesos en obras públicas en el último tramo del gobierno de Fernández.

Aseguró que quienes sostienen esa versión sabían que en base a las mediciones técnicas en economía no se captaría el volumen de recursos que se presupuestó, la proyección de crecimiento de un 11% del PIB nominal del año, 23 por ciento de crecimiento de los ingresos tributarios.

Sin embargo, reconoció que el país es uno de los de menor presión tributaria, pero también el primero en corrupción en el mundo y entre los peores en calidad de las instituciones, según las mediciones del Banco Mundial y en transparencia internacional el que más deterioró su posición entre 2010 y 2012.

En cuanto a la propuesta de reforma fiscal que se debate en el Consejo Económico y Social, explicó que con la misma se condenaría a una mayor pobreza a nueve millones de dominicanos.

Lo primero es determinar qué pasó, quién es el responsable, para que esto no vuelva a ocurrir, y advirtió que, de no esclarecerse esa situación, el Gobierno estaría enviando una señal de borrón y cuenta nueva, en lugar de hacer como con la crisis bancaria de 2003, que se identificaron y se enviaron a Najayo a los responsables.

Señaló que sólo después de que eso se haga y se revise la estructura del gasto puede entonces plantearse una reforma fiscal para agosto o diciembre del año próximo.

Consideró igualmente que quienes dirigen el actual equipo económico son las mismas personas que tomaron las decisiones que condujeron al actual déficit, personas que sabían que la pobreza iba a aumentar, «porque no hay que ser médico para saber que si una persona toma una botella de ron todos los días estará alcohólica al año, con cirrosis hepática».