El economista Miguel Ceara Hatton planteó que para financiar el desarrollo el país necesita un nuevo sistema fiscal, lo que demanda una institucionalidad que garantice un uso eficiente del gasto público y que cree las condiciones para que el Estado pueda ejercer un verdadero liderazgo ético, de arbitraje, regulador y orientador del proceso de desarrollo.
Condicionó el Pacto Fiscal a cuatro puntos: establecimiento de una institucionalidad que haga que el Estado respete su legalidad; que se revise en forma detallada la estructura y el nivel del gasto público; aplicación de una política de aumentar el gasto público en una proporción menor al crecimiento de los ingresos tributarios, y se establezcan criterios y normativas para el endeudamiento con penalidades para aquellos que lo violen.
Consideró que endeudarse no tiene por qué ser ni malo ni bueno, todo depende de los usos que se les dé a los recursos y su rendimiento.

Precisó que se deben establecer los criterios que normen el endeudamiento de forma que no se utilice el dinero fruto de préstamos para actividades que eventualmente no se puede repagar (capital e intereses).
Explicó que mediante la reducción de la tasa de crecimiento del gasto público a tres cuarta parte del crecimiento de los ingresos tributarios, el déficit del país se eliminaría en el 2024.
Sostuvo que una regla de oro es que el crecimiento del gasto público debe ser menor que el crecimiento de los ingresos tributarios.
Señaló que si se mejora la calidad del gasto se puede tener una disponibilidad del 3% del producto interno bruto (PIB), lo que equivaldría casi 17% del gasto público, equivalente a unos RD$120 mil millones.
“Mejorar la calidad del gasto no significa disminuir el nivel del gasto público, sino gastar en lo que necesita la sociedad y dejar de gastar donde no se necesita”, planteó.
Propuso terminar con el régimen de corrupción e impunidad que caracteriza al gobierno.

Los dos motores de la deuda son: el déficit público que refleja las políticas de gasto público e impositiva del Gobierno Central y la política monetaria y la venta de certificados del Banco Central.

Planteó que esos dos motores han llevado la deuda consolidada del sector público a US$37 mil millones, equivalentes al 50% del PIB, correspondiendo al Sector Público No Financiero (SPNF) unos US$29 mil millones o el 39% del PIB. El otro componente es la deuda del Sector Público Financiero (SPF), o sea, el Banco Central, es responsable de US$10 mil millones equivalentes a 14% del PIB.
Explicó que hay una deuda intergubernamental que debe restarse de la suma de la deuda del Gobierno y el Banco Central para obtener el valor de la deuda consolidada del sector público.
Esa deuda intergubenamental alcanzaba a octubre de 2017 el valor de US$2.8 mil millones. De mantener las tendencias actuales de gasto público e ingresos tributarios, los pagos de intereses en 2020 serán más de la cuarta parte de los ingresos tributarios y en 2024 el 28.3%, señaló.

El economista Miguel Ceara Hatton planteó que para financiar el desarrollo el país necesita un nuevo sistema fiscal, lo que demanda una institucionalidad que garantice un uso eficiente del gasto público y que cree las condiciones para que el Estado pueda ejercer un verdadero liderazgo ético, de arbitraje, regulador y orientador del proceso de desarrollo.
Condicionó el Pacto Fiscal a cuatro puntos: establecimiento de una institucionalidad que haga que el Estado respete su legalidad; que se revise en forma detallada la estructura y el nivel del gasto público; aplicación de una política de aumentar el gasto público en una proporción menor al crecimiento de los ingresos tributarios, y se establezcan criterios y normativas para el endeudamiento con penalidades para aquellos que lo violen.
Consideró que endeudarse no tiene por qué ser ni malo ni bueno, todo depende de los usos que se les dé a los recursos y su rendimiento.

Precisó que se deben establecer los criterios que normen el endeudamiento de forma que no se utilice el dinero fruto de préstamos para actividades que eventualmente no se puede repagar (capital e intereses).
Explicó que mediante la reducción de la tasa de crecimiento del gasto público a tres cuarta parte del crecimiento de los ingresos tributarios, el déficit del país se eliminaría en el 2024.
Sostuvo que una regla de oro es que el crecimiento del gasto público debe ser menor que el crecimiento de los ingresos tributarios.
Señaló que si se mejora la calidad del gasto se puede tener una disponibilidad del 3% del producto interno bruto (PIB), lo que equivaldría casi 17% del gasto público, equivalente a unos RD$120 mil millones.
“Mejorar la calidad del gasto no significa disminuir el nivel del gasto público, sino gastar en lo que necesita la sociedad y dejar de gastar donde no se necesita”, planteó.
Propuso terminar con el régimen de corrupción e impunidad que caracteriza al gobierno.

Los dos motores de la deuda son: el déficit público que refleja las políticas de gasto público e impositiva del Gobierno Central y la política monetaria y la venta de certificados del Banco Central.

Planteó que esos dos motores han llevado la deuda consolidada del sector público a US$37 mil millones, equivalentes al 50% del PIB, correspondiendo al Sector Público No Financiero (SPNF) unos US$29 mil millones o el 39% del PIB. El otro componente es la deuda del Sector Público Financiero (SPF), o sea, el Banco Central, es responsable de US$10 mil millones equivalentes a 14% del PIB.
Explicó que hay una deuda intergubernamental que debe restarse de la suma de la deuda del Gobierno y el Banco Central para obtener el valor de la deuda consolidada del sector público.
Esa deuda intergubenamental alcanzaba a octubre de 2017 el valor de US$2.8 mil millones. De mantener las tendencias actuales de gasto público e ingresos tributarios, los pagos de intereses en 2020 serán más de la cuarta parte de los ingresos tributarios y en 2024 el 28.3%, señaló.