El economista Miguel Ceara Hatton, expresó ayer su temor de  que al no existir  un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI ) en la presente coyuntura de campaña electoral, el Gobierno produzca una expansión del gasto público, y que eso, a su vez, desestabilice la macroeconomía.

En alusión al cese recientemente  del acuerdo  “stand by”, dijo que fue una suspensión, y expuso al respecto  la forma en la que terminó el pacto, que no se pudieron realizar las revisiones séptima y octava establecidas.

Consideró que si se expande al gasto público, una forma de enfrentar una posible  desestabilización de  la macroeconomía sería aumento  de las tasas de interés bancarias.

La medida sería  como forma de reducir la demanda de dinero en los bancos por parte de los usuarios de préstamos,  para evitar  que se dispare la tasa de cambio y la inflación, añadió.

Ceara Hatton también se refirió a la actual situación económica y dijo que “estamos viviendo un proceso de paralización relativa de la economía dominicana, y hay un entorno internacional muy desfavorable”.

En ese sentido, resaltó que  países de Europa entrarían en situación de recesión y se espera un freno en la economía mundial, dijo. Además,  la economía dominicana tiene el problema también del costo que representa el endeudamiento público, añadió Ceara Hatton,  entrevistado en el programa Uno + Uno, por Teleantillas.

Fracaso “stand by”.   Antonio Almonte, especialista en el tema eléctrico, consideró “una barbaridad” culpar  a  la  tarifa eléctrica del fracaso del país  con relación al  Acuerdo Stand By con el FMI,  como ha señalado el Gobierno.

La opinión de Almonte es en referencia a la información ofrecida por el Gobierno en esta semana de que una  de las razones por las que no hubo avance para realizar las revisiones séptima y octava  del acuerdo fue   la postura del FMI  que reclamaba que  se aumentara la factura eléctrica.

 En opinión de Almonte, no se puede culpar a la tarifa eléctrica de esa situación, porque,  como sucede en cualquier industria, el precio final del producto (en este caso el kilovatio-hora) depende principalmente de los costos reales de producción. “Y en  ningún momento ese precio deberá ser establecido para equilibrar cuentas ajenas, incluyendo el desajuste fiscal del Gobierno debido a gastos excesivos y superfluos”.

Almonte también argumentó que el impacto en las finanzas públicas del sector eléctrico se debe a las grandes pérdidas de las distribuidoras.

En su opinión, esas grandes pérdidas son consecuencia de que en promedio las  distribuidoras  dejan de facturar casi el 34% de la energía que distribuyen. Además, de la energía  que facturan dejan de cobrar alrededor de un 13%, señaló Almonte.

Por ejemplo, durante el periodo de enero a noviembre del 2011, las distribuidoras perdieron cerca de RD$27 mil millones solo por dejar de facturar el 34% de la energía que compraron a las generadoras, dijo.

Además, de la energía facturada,  dejaron de cobrar cerca de RD$6,800 millones  en el mismo periodo, sostuvo.

Señaló que como resultado son esas pérdidas.

El subsidio al sector eléctrico en el 2011 se disparó a US$900 millones, cuando se había presupuestado sólo  US$350 millones.

Nuevo gobierno necesitaría al FMI

El economista Henry Hebrard consideró que el gobierno que asuma el poder en agosto próximo tendría que arribar a un nuevo acuerdo con el FMI para poder cumplir con los objetivos del presupuesto del 2012.

Y también  para poder cumplir las promesas de campaña establecidas en  los programas de gobierno de los dos candidatos principales (Danilo Medida e Hipólito Mejía) en el sentido de aplicar el 4% del producto interno bruto (PIB) para educación, dijo el economista.

La importancia de un nuevo pacto  con el FMI es porque un acuerdo con ese organismo ayudaría a crear confianza en los inversionistas extranjeros y atraer capitales, y recursos externos de fuentes financieras.

En otro orden, al analizar la situación de cese del acuerdo “stand by” con el FMI anunciada en esta semana, consideró que las metas  que indujeron a la terminación de este pacto sin que se realizarán las dos últimas revisiones, eran inalcanzables, tales como  la propuesta de aumentar la  tarifa eléctrica en un 18% y la reducción del subsidio eléctrico a alrededor de US$350 millones.

El acuerdo con el FMI cesa el 28 de este mes.