La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su «rotundo desacuerdo» por los recientes actos de agresiones contra comunitarios de Zambrana, Cotuí, perpetradas, supuestamente, por la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana.

«Estos hechos, caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza, donde han sido lesionados dos sacerdotes y varias personas, son inaceptables en un Estado de derecho que debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos, especialmente a los más pobres y desprotegidos», dijo la CED en un comunicado.

En ese sentido, la Conferencia del Episcopado hizo un llamado a las autoridades para que, entre todos los sectores involucrados, se respete el debido marco jurídico y se fomente el diálogo. «Estamos dispuestos a participar para buscar una solución justa a esta situación», concluyó la entidad religiosa.

La respuesta de la CED se da luego de que hace varios días, en esa localidad de Cotuí, el sacerdote Jhonny Durán denunciara que policías y militares protagonizaran «atropellos» contra la comunidad.

El religioso hizo la denuncia luego de ser presuntamente herido en la cabeza por los agentes actuantes en el lugar. Más temprano, Durán aseguró que el principal responsable de la reubicación de las familias es el Gobierno, no la empresa.

«Barrick no compra tierra, Barrick no tiene ninguna responsabilidad de esto, no tiene propiedad ahí, no paga, paga el gobierno dominicano”, denunció Peña.

Durán subrayó que la comunidad necesita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades, ya que “son personas pobres y humildes”.

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció este jueves que convocará a un diálogo con los comunitarios y la Barrick Pueblo Viejo, a fin de que se pueda continuar con los estudios geológicos para la construcción de la presa de colas, al tiempo que los comunitarios reciban una compensación justa por sus propiedades.

Dijo que contará con la participación del Defensor del Pueblo y otros sectores representativos de la sociedad para fortalecer la mediación.

Asimismo, resaltó que la situación suscitada este miércoles no se trató de un desalojo, sino, la habilitación del libre tránsito para los equipos que harán los estudios geológicos.