La necesidad de reducir el gasto público, de una reforma tributaria profunda, la dolarización, el impacto negativo de los intereses bancarios, la fiscalización y control de los fondos provisionales y la crisis enérgica fueron discutidos en la “III Gran Convención Nacional Empresarial”.

Elena Viyella, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), encabezó las discusiones en torno a los problemas nacionales, tanto económicos, como sociales, junto a representantes empresariales, bancarios y economistas.

En el marco de esa actividad se advirtió que es vital, para enfrentar la actual crisis monetaria y financiera, un recorte y racionalización del gasto público.

En el documento de trabajo presentado en la jornada elaborado por la firma Ecocaribe para el Conep, se planteó que para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, lo primero es que el gobierno tiene que entender que el país vive una situación excepcional y que no puede pretender seguir operando como antes.

La actividad se llevó a cabo en el hotel Jaragua, donde el padre José Arnaiz planteó la necesidad de generar más y mejores empleos y Miguel A. Tallaj, de la Asociación de Industria de la Región Norte, llamó a la población al optimismo y a confiar en que la economía mejorará.

En el documento también se planteó que el gobierno deberá desprenderse de los activos de su propiedad que sean necesarios y buscar financiamiento externo a largo plazo, para eliminar la deuda del Banco Central, que se estima superan los RD$60,000

millones y por la cual se pagan intereses superiores a los RD$20,000 millones al año.

El economista Eduardo García Michell, de la firma Ecocaribe, al exponer el documento maestro de trabajo de la convención empresarial, dijo que en el 2003, el país podría cerrar con una deuda externa de dólares.

Asimismo, manifestó que el país tiene un déficit crónico en cuenta corriente y añadió que «en el 2002 hubo una pérdida brutal de reservas, los capitales fueron insuficientes para cubrir el déficit de cuenta corriente, no porque llegaran menos inversión o menos préstamos, sino porque en errores y omisiones hubo una fuga de grandes capitales».

Cuestionó que los dominicanos nunca se preocuparan por tener reservas altas, lo que consideró uno de los grandes problemas de en estos momentos.

Entre los temas que se discutieron están el entorno macroeconómico y clima de inversión, la competitividad empresarial, la participación de la pequeña y mediana empresa y el impacto del sector energético.

También la seguridad social, pobreza y responsabilidad social empresarial, flujo migratorio, la educación, medio ambiente, el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho, modernización del Estado y gobernabilidad corporativa.

En la actividad se planteó la necesidad de fortalecer la Cámara de Cuentas y también la necesidad de controlar el tiempo que se dedica a campaña electoral.

En la actividad se planteó que las condiciones actuales del país no facilitan la dolarización siendo un factor adverso, las bajas reservas internacionales.

Al intervenir en la sección de preguntas y respuestas, el empresario Francisco García apoyó la dolarización de la economía.

Refirió que la devaluación de la moneda ha llevado a República Dominicana al mismo nivel de muchos países africanos, en cuanto al salario mínimo per cápita, pues de US$2,000 anuales de hace unos años, se cayó a sólo unos US$1,200 al año.

También cuestionó el impacto negativo que tienen sobre los niveles de pobreza, los altos intereses bancarios, que impiden el crecimiento del aparato productivo.

En tanto que el economista Eduardo Tejera pidió que se publique la lista de los tenedores de certificados emitidos por el Banco Central para el rescate bancario, porque hay información de que un grupo de 57 tenedores concentran RD$47,000 millones de un total de RD$63,000 millones colocados en esos valores.

Agregó que además se debe publicar la lista de los avances, préstamos, compra de carteras y líneas de redescuentos otorgados por el Banco Central, ante el problema que se creó en tres bancos del sistema, que involucran unos RD$94,000 millones, que representan para el Banco Central cuentas por cobrar.