El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez, recomendó en febrero de este año dejar sin efecto la autorización de instalar el cementerio privado Jardín Memorial en el Parque Mirador del Norte, debido a que viola la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la Constitución y convenios internacionales.

Mediante el oficio 0115, remitido al entonces ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal,   Rodríguez advierte que la Ley de Áreas Protegidas establece que los espacios en preservación son irreductibles en cada una de sus partes. Además de que son patrimonio inalienable del Estado e imprescriptibles. También refiere que la Constitución  en su artículo 16 establece que los límites de las áreas protegidas  sólo pueden ser reducidos por ley, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras del Congreso.

Por tanto, señala, que el decreto 1130-03 que autorizó el cementerio en el  parque, debe ser derogado.

Rodríguez sostiene, además, que la Convención para la Protección de la Flora y Fauna consigna que los “límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente”.

Este oficio del consultor jurídico fue distribuido por el Comité de Defensa del Parque Mirador Norte.

Explican que cuando se emitió el informe, ya Jaime David Fernández había presentado su renuncia, por tanto es un tema que queda pendiente del actual ministro de Medio Ambiente, Ernesto Reyna. El decreto 1130-03 cede 70 hectáreas de los terrenos del Mirador Norte para construir un cementerio privado.

La clave

Coinciden

El Comité de Defensa afirma que el informe del consultor jurídico coincide con la opinión emitida por la Cámara de Diputados, el Senado, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, la Iglesia, empresarios y otras organizaciones. “Es una obligación democrática que las autoridades cumplan con su deber en hacer respetar la ley”, señala el comité.