Las grandes debilidades del Estado dominicano en el manejo de las cárceles tradicionales empiezan por la falta de preparación especializada  de policías y militares para tratar a los reclusos y los niveles de violencia entre los presos, debido a las condiciones inhumanas en que conviven.

El diagnóstico aparece en  el Segundo Censo Nacional Penitenciario,  dado a conocer por la Oficina Nacional de Defensoría Pública y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y que critica que la reforma penitenciaria iniciara por los adultos y las mujeres, en lugar de comenzar por los adolescentes privados de libertad, que son la minoría.

Reconoce la necesidad que tiene el Estado de iniciar un proceso de reforma penitenciaria, advierte “que se inició de manera errada, por entender que los adolescentes son la población más vulnerable.

Declara que este proceso es lo que ha imposibilitado la erradicación de los males carcelarios en un cien por ciento de los privados de libertad adultos y la continuación de vulnerabilidad de los adolescentes.

Uno de los primeros contextos que señala el estudio es porque los agentes seguridad (policías y guardias) están faltos de preparación.

Cuestiona la no segregación de los reclusos de acuerdo a su estatus jurídico, edad y tipo penal que se les imputa.

El actual censo hizo una medición de todos los recintos penitenciarios del país (33 del viejo modelo), para exponer las características de la población privada de libertad y medir el impacto de la reforma penitenciaria, llevada a cabo en el nuevo modelo, que ya cuenta con 13 centros de corrección y rehabilitación.

El estudio analiza que en el sistema penitenciario dominicano convergen dos modelos de gestión, el tradicional y el moderno. El tradicional se rige por la Ley 224 del año 1984, sin embargo, critica al Estado que en todos estos años no pudiera implementar el artículo 13 de esta ley, para desarrollar un sistema progresivo de atención a la persona privada de libertad.

La clave

Censo Penitenciario

El Segundo Censo Nacional Penitenciario fue realizado con los  auspicios de la Defensoría, de Fundación Institucionalidad y Justicia, Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia y las desaparecidas  Comisión  Nacional de Ejecución de la Reforma del Estado (CONAE) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. El Primer Censo Penitenciario que se efectuó en la República Dominicana fue en el año 2006, con los mismos patrocinadores.