Hoy 
fachada del palacio nacional
Las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC) y Nacional de Unidad Sindical (CNUS) rechazaron ayer la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social aprobada por el Congreso y pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, debido a que, según dicen, elevará las ganancias de las administradores de fondos de pensiones (AFP).
En una rueda de prensa conjunta, las centrales sindicales hicieron un llamado al presidente Danilo Medina a fin de que no promulgue la ley, ya que disfrazada como una supuesta rebaja en las comisiones de las AFP, “es en realidad un negocio mucho más lucrativo que el existente a favor de estas”.
Señalaron como prueba de ello que la Fundación Juan Bosch, que asesora técnicamente a las confederaciones, publicó un documento demostrativo de esta afirmación.
“Nuestras organizaciones reiteran que mantienen su posición en cuanto a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social 87/01 y aprovechamos la ocasión para reconocer aquellos diputados de diferentes bancadas partidarias que votaron en contra del referido proyecto”, señalan las centrales en un documento.
Plantearon que se arrastra al país a la posibilidad de confrontaciones impredecibles si se continúa prestando oídos sordos a quienes han advertido que el sistema de capitalización individual no es garantía para asegurar un verdadero sistema de protección social a los trabajadores.
Anunciaron la reintroducción al Congreso del proyecto de ley de reforma integral presentado por las tres centrales sindicales.
Señalaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación al convenio 102 ratificado por el país y la recomendación 202 sobre su aplicación.
Advirtieron que consultarán a los técnicos y asesores jurídicos de las centrales sindicales para determinar la posibilidad de elevar una instancia que revierta esa ley.
Indicaron que establecerán un compromiso con los candidatos presidenciales y congresuales a fin de que asuman el proyecto de reforma integral de las centrales sindicales.
