El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (AEIH) mostró su preocupación por la persistencia en el mercado dominicano de los monopolios, sin que el Estado intervenga.
También criticó el alto nivel de endeudamiento del gobierno y la falta de transparencia en el Pacto Eléctrico.
Antonio Taveras Guzmán habló ampliamente de estos temas al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Le acompañaron Greicy Romero, directora ejecutiva de la AEIH; Vilma Camilo, primera vicepresidenta; Luis Sánchez Noble, pasado presidente, y Juan Amell, vocal.
Monopolio. Taveras Guzmán recordó que la Constitución prohíbe los monopolios y oligopolios, y sin embargo esas prácticas limitantes de la sana competencia y la libertad de mercado se mantienen en diferentes renglones de la economía.
Refirió el caso del transporte de carga, sector en el cual los sindicatos controlan de manera violenta y en base a «tigueraje» el traslado de mercancía hacia y desde los puertos. «Eso es una negación de derechos», expresó Taveras.
Igual situación pasa con el transporte público con la ocupación de los espacios públicos. «No es posible que hay muertos en la Máximo Gómez porque ese sindicato es el dueño de ese espacio y nada pasa», dijo.
En cuanto a las empresas, consideró que la economía, está muy “carterizada” en términos de la concentración de los mercados.
«Este es un mercado con una competencia muy imperfecta, muy oligopólica y muy monopolizada».
Indicó que el 95% de las empresas dominicanas son micro, pequeñas y medianas (mipymes).
De estas, el 60% son micro y son las que más empleos producen, pero “nacen, crecen y mueren en espacio de cinco años”, por la concentración.
“Esas empresas encuentran un muro de contención porque el mercado no le permite crecer debido a la concentración de empresas”, afirmó.
Mientras esto sucede, no hay un Estado fuerte que supervise, señaló el empresario.
Citó el caso de Procompetencia, una entidad que no ha podido funcionar porque intereses empresariales no lo han permitido, al punto de que se ha bloqueado la designación de su director ejecutivo por parte del Senado de la República.

Destacó que tanto la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como la propia Procompetencia tienen informes sobre la magnitud de la concentración de mercados en el país, pero no actúan.
Deuda pública. En cuanto a la deuda pública, el dirigente empresarial consideró que se ha convertido en una bola de nieve, tras advertir que si la tasa de interés en Estados Unidos sube, como se espera, impactará en el país.
Refirió que desde el año 2000 hasta el 2015 la deuda pública consolidada ha crecido en un 600 por ciento, mientras que desde el 2008 hasta la fecha ha sido el período en el que históricamente se han tomado más préstamos.
Criticó que el gobierno no esté cumpliendo con la ley que ordena ir reduciendo el déficit cuasi fiscal del Banco Central cada año con las debidas provisiones de recursos, por lo que esa entidad tiene que emitir papeles para pagar deuda e intereses.
«Al gobierno no le gusta que uno hable de estas cosas, pero son realidades», manifestó Taveras.

Pacto Eléctrico. En cuando a las discusiones que durante más de un año se han llevado a cabo con miras alcanzar el Pacto Eléctrico, Taveras se quejó que hubo momentos que se centraron más en la construcción de las dos plantas a carbón por parte del gobierno.
Recordó que las plantas a carbón ha sido un proyecto muy cuestionado, por lo que el gobierno debió aclarar temas como su supuesta sobrevaluación.
Señaló que esas plantas representan un problema medioambiental por la contaminación, por lo cual muchos países han estado dejando de usar esa forma de generación eléctrica. Cree que la tecnología que debió usarse era el gas natural.
No aprovechó. Taveras también cuestionó que el gobierno no aprovechó los recursos ahorrados por la baja de los precios del petróleo para reestructurar las distribuidoras de energía. Ni tampoco se lo ha transferido a la población, sino que lo ha estado invirtiendo en las plantas a carbón.
Recordó que el país estaba invirtiendo 1,200 millones de dólares para el subsidio del sector eléctrico, para cubrir el déficit mayormente de las distribuidoras que pierden el 35% de la energía que sirven.

Apuntó que otra limitante en las discusiones que se llevan a cabo dentro del Consejo Económico y Social (CES) ha sido la falta de transparencia por parte del gobierno.

Recordó que se le tuvo que pedir información sobre sus procesos internos en el sector de energía, muchas de las cuales no se ofrecieron, pero los empresarios decidieron seguir el diálogo con miras a llegar al Pacto Eléctrico.
Afirmó que ya han llegado a varios acuerdos en aspectos como el saneamiento de las distribuidoras, un plan de desarrollo a 30 años, fomento de energías renovables y un órgano fiscalizador independiente y transparente.