BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Quien hace la ley, hace la trampa. La trampa en la Ley de Gastos Públicos está en la distribución del dinero que se destina a la inversión pública. Antes que nada, se necesita con urgencia que el pueblo tenga acceso a opinar sobre el destino de los fondos públicos y que ese acceso no tenga que ver con los senadores y diputados, muchos de los cuales se venden hasta por un yaniqueque. ¿Y cómo dar acceso al pueblo a que plantee sus necesidades, sean escuchadas y atendidas? Para ello es preciso que haya una real descentralización del poder, que no les conviene a los gobiernos y por ello nadie lleva a cabo esa reforma pendiente que contribuirá a consolidar la democracia en el país.

Un país en el cual el Presidente de la República designe desde el gabinete, el cuerpo diplomático y consular, los mandos militares y policiales y, además, disponga sobre el cien por ciento de los ingresos fiscales, dista mucho de ser una democracia.

¿Dónde está la participación popular? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por cuáles vías debe ser encaminada? ¿Somos escuchados?

Mientras el Presidente de la República en combinación con senadores y diputados reparta el botín contenido en la Ley de Gastos Públicos, habrá privilegios, canonjías, asociación con fines innobles y toda suerte de resquicios por donde se escapen las ansias populares.

El inicio de la reforma que propongo está en la modificación de la Ley Electoral para que se elija un senador por cada 5 por ciento de la población nacional; un diputado por cada uno por ciento de la población del país; se creen la diputaciones provinciales y se elija uno por cada 10 por ciento de la población provincial; se elija un regidor por cada 5 por ciento de la población del municipio.

Ello implica una reducción del número de provincias para que Barahona sea la capital del Suroeste; San Juan de la Maguana del Sur central y Baní del Sur cercano, que incluiría a San Cristóbal y Azua.

Organizar el Cibao de modo que haya una provincia con sede en Montecristi para la Línea Noroeste; Santiago, cabeza de la provincia del Cibao central que incluya a Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Salcedo y Sánchez Ramírez.

Otra provincia el Nordeste, capital, San Francisco de Macorís, y los municipios que terminan en la punta de la península de Samaná.

¿El Este? Dos provincias: El Seibo, como capital de la provincia que comprenda Hato Mayor, Sabana de la Mar, Miches, Higüey.

La Romana como cabecera de la provincia del Sureste Marítimo, que comprendería a San Pedro de Macorís.

Cada provincia, cada municipio, debe tener sus propios ingresos y debe tener derecho a legislar para crearlos. Una parte de esos ingresos irían a engrosar el fondo general de la nación. Asimismo un porcentaje de los ingresos por impuestos nacionales, debe ser destinado al desarrollo de las provincias deficitarias.

Por ahora parece un sueño, ahora lo que hay que ocuparse es del dime y direte de un paquete de pendejos que nos enseñan que los pendejos somos quienes los leemos, los escuchamos o los vemos.

Hay que descentralizar el país desde del punto de vista de la división política y, también, para que los ingresos públicos tengan un mejor uso.