A diario se demuestra que la falta de atención desde el Estado y algunas de sus entidades autónomas se traduce en pesar para comunidades dispersas por el territorio nacional alejadas geográfica y políticamente de los centros en que se toman decisiones. El municipio de Baitoa, de 20 mil habitantes, lleva 40 años careciendo de agua potable; y no muy lejos de ese punto de la provincia de Santiago persiste el tormento de un vertedero, que ayer ardía, afectando el renaciente polo turístico de Puerto Plata. La inercia de organismos ante estos problemas es asombrosa. La distancia entre algunas progresistas comunidades agrícolas de la provincia de San José de Ocoa y el resto del país y de los mercados que necesitan sus frutos sería cortísima si existiera uno que otro badén que riadas remotas se llevaron de encuentro.

En la periferia de Los Alcarrizos la comunidad del ilusorio nombre de La Esperanza sufre de viejo la insalubridad causada por aguas negras por todas partes. Viven en medio de un foco infeccioso sin contar siquiera con un dispensario de Salud Pública que también anhelan. No sería difícil enumerar más urgencias regionales de ese tenor. El Estado dice presente a través de gobernaciones civiles, cabildos, juntas distritales y extensiones de importantes ministerios. Pero ese mecanismo de distribución territorial de la autoridad debería funcionar mejor.

La medicina y los derechos sociales

República Dominicana necesita que la asistencia en salud esté garantizada para todos sus habitantes, con plena vigencia de la atención primaria sin exclusiones y con prestación obligada a cada ciudadano desde su nacimiento, independientemente de sus posibilidades económicas. La gente no debe morir por falta de acceso a un hospital, pequeño, mediano o grande, pero manejado con racionalidad para que nada falte. Las tecnologías para salvar vidas no deben estar al alcance único de los adinerados o depender de la ayuda excepcional para lo catastrófico. Los intereses privados presentes en el campo de la salud deben subordinarse a los fines sociales del sistema sin que los objetivos de rentabilidad sean excusa para incurrir en el lucro excesivo que niega cobertura y encarece servicios de clínicas, laboratorios y especialidades médicas.