El Centro Bonó calificó ayer   inconstitucional la circular remitida por la Dirección Nacional de Migración al Ministerio de Educación que prohíbe recibir en las aulas a estudiantes extranjeros indocumentados.

Francisco Leonardo, encargado de Ciencias Políticas de la entidad,  aseguró que el artículo 63 de la Constitución establece que el derecho a la educación es universal y que es una obligación del Estado garantizarla de forma gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio.

Advirtió que el artículo 6 de la Carta Magna dice que es  nulo de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a ella, lo que invalida la medida.

Recordó que en la gestión de Milagros Ortiz Bosch  se decidió ordenar a las escuelas la inscripción de los estudiantes aun sin documentación, para asegurar el acceso a la enseñanza.

Manifestó que la disposición fue ratificada por la  ministra Josefina Pimentel, el 18 julio de 2011, con la circular 18.

Indicó que  cerca del 22% de los niños del país no están inscritos en el registro civil y que aproximadamente 300 mil adultos no pueden acceder a   servicios básicos por la falta de documentos.

Un subalterno no.  Señaló que en caso de que se fuera a tomar una medida de esa naturaleza, debió dirigirse desde el Ministerio de Interior y Policía, que es el homólogo de Educación y no desde una dependencia subalterna como  Migración.

Declaró que ese tipo de acciones deben ser conocidas por el Consejo Nacional de Migración  que se supone debe sesionar dos veces al año, según la ley que lo regula, pero que en los últimos ocho años se ha reunido solo tres veces.