El Centro Bonó, junto a otras organizaciones de la sociedad civil con quienes integra la plataforma Dominican@s x Derecho, aclara que la solicitud de audiencia temática solicitada por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no consiste en una acusación contra el Estado dominicano ni ninguno de sus funcionarios públicos en particular.

«La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todo el continente americano. Para tal propósito cuenta con la facultad de solicitar a los gobiernos de los Estados que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos», dice el Centro Bonó en un comunicado.

Agregan que la más relevante medida adoptada recientemente por los poderes públicos de la República Dominicana en materia de derechos humanos lo constituye la Ley 169-14 del 23 de mayo de 2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país, hijos e hijas de extranjeros en situación migratoria irregular y sobre naturalización.

«En tal sentido, en ocasión del 153º período de sesiones que celebrará la CIDH del 23 de octubre al 13 de noviembre del presente año en su sede en Washington D.C., el Centro Bonó como parte interesada, dentro de la plataforma de Dominican@s x Derecho, solicitó una audiencia temática a los fines de invitar al Estado dominicano a un espacio de diálogo en el que se puedan dilucidar los límites, obstáculos y trabas que se han identificado en el contenido y aplicación de la Ley 169-14», dice el Bonó.

Sobre la audiencia. Señalan que la audiencia temática fue concedida y pautada para el próximo viernes 31 de octubre a las 2:00 de la tarde en la sede de la OEA, y constituye el espacio idóneo para que la CIDH reciba de parte del Estado dominicano los informes relativos a la aplicación de la Ley 169-14 y sus efectos respecto a la situación en que viven las personas afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

«Todo ello con el propósito ulterior de salvaguardar a esta población el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos», expresan.

«Finalmente exhortamos a los diferentes sectores de la vida nacional a no dejarse manipular por voces que tergiversan la información con una actitud irresponsable que persigue perpetuar un conflicto que debió concluir con la Ley 169-14, si la misma es aplicada de buena fe por las autoridades correspondientes», concluyen.