El Centro Bonó afirmó ayer que las organizaciones  que defenderán  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los dominicanos de ascendencia haitiana que han sido despojados de su nacionalidad, no buscan una condena contra el Estado, sino que  retorne a su propia legalidad.

Aseguró que en la audiencia del viernes  demostrarán  con pruebas “irrefutables” que el Estado dominicano se contradice y que la Junta Central Electoral (JCE) se ha convertido en una “isla de poder” donde se violan la Constitución y las leyes.

“Aquí hay un proceso de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana y eso  ha sido demostrado con sentencias de  varios  tribunales del país, los cuales han favorecido a más de 200 personas”, dijo Francisco Leonardo, encargado de Incidencia Política del Centro Bonó.

Recordó que a favor de ese tema se han pronunciado monseñor Agripino Núñez Collado, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y diferentes candidatos presidenciales, pero “la JCE insiste en no aceptar que ha cometido un error; no quiere reconocer que está violando la Constitución y la Ley sobre Actos del Estado Civil al despojar de su nacionalidad a dominicanos hijos de padres haitianos”, manifestó.

Que se cumpla la ley.  Sostuvo que las organizaciones demandantes  “no estamos haciendo esto en aras de violentar la soberanía del Estado dominicano”, sino porque habiendo sido reconocida la competencia de  la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) para conocer  estas  cosas, quieren que a través de esa instancia vuelva a lo legal.

“La Constitución y las leyes son claras con relación a este tema y   lo único que la gente espera es que las leyes sean  bien aplicadas, y no  manipuladas las informaciones a través de los medios de comunicación, como esa de querer ilegitimar a las organizaciones a través de las cuales las víctimas realizan sus reclamos”, dijo Leonardo.

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JCE Vs pruebas

 El  Centro Bonó lamentó las declaraciones del presidente de la JCE, Roberto Rosario. Sin embargo, recordó  que en la audiencia no será la palabra de los demandantes contra la de la JCE lo que prevalecerá, sino las  sentencias que demuestran que ese organismo  está violando derechos fundamentales con la negación  de las actas de y  cédulas  a  dominicanos.