El Centro Bonó informó hoy a la Junta Central Electoral (JCE) que no podrá suministrar datos a la  Comisión de Veedores que esa entidad ha conformado para evaluar el impacto de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), por entender que la solicitud  del organismo se enmarca en un contexto violatorio a los derechos fundamentales.

En una carta de respuesta al requerimiento que el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, le hiciera llegar la tarde del pasado lunes 28, el Centro Bonó  recodó que durante años se ha dedicado a acompañar a las víctimas de decisiones que vulneran derechos reconocidos en la Constitución, por lo que califica como una incoherencia el aceptar la colaboración con una veeduría destinada a desconocer estos mismos derechos.

“Nos acogemos al principio de supremacía de la Constitución establecido en al artículo 6 de la misma, el cual establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, afirma la entidad  cuando argumenta su  rechazo a la invitación de la Junta Central Electoral y a todo el proceso que el Poder Ejecutivo inició para aplicar la sentencia 168-13.

Tras señalar que la JCE es reincidente en el desacato de medidas judiciales que protegen los derechos de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, el Bonó se limitó a enviar a Rosario Márquez cuatro ejemplares del boletín “Vidas Suspendidas, donde se recogen los dramas humanos generados por el despojo masivo de nacionalidad emprendido por la Junta y respaldado por el TC.

“Nuestra posición con relación al tema de su solicitud ha sido conocida desde el mismo día en que se comunicó la sentencia del Tribunal Constitucional a la opinión pública, el 26 de septiembre de 2013. La sentencia es aberrante y violatoria de los derechos humanos y de la Constitución de la República Dominicana.

Uno de sus desaciertos es confundir los problemas generados por las políticas migratorias irresponsables con el derecho a la nacionalidad, y con la situación y administración del registro civil”, enfatiza la entidad en la carta firmada por su director, Roque Féliz, y los consejeros Octavio Figueroa, Pablo Mella y Martin Lenk S.J.

Antes de concluir su misiva de respuesta, los directivos destacaron que el Bonó sí está presto a  participar de cualquier iniciativa abierta y transparente que sea respetuosa de los derechos de las personas y de la institucionalidad del Estado de derecho en el país.

La Comisión de Veedores de la JCE está conformada por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, y otras personalidades. Según Roberto Rosario, la misma trabaja en el levantamiento de cualquier información que su entidad tenga respecto a personas que consideren deben ser incluidas en el proceso de levantamiento para la presentación del informe al Consejo Nacional de Migración, y la posterior auditoría sobre el particular.