Centro Bonó: “sentencia CIDH es oportunidad para que RD repare negación de derechos”

Centro Bonó: “sentencia CIDH es oportunidad para que RD repare negación de derechos”

El Centro Bonó dijo que ve en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una gran oportunidad para que el Estado dominicano asuma lo que debe ser su función esencial: garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad, tal y como está consagrado en la Constitución.

A través de un escrito planteando su posición por la condena, expresó además que es una oportunidad idónea para que el país envíe un mensaje claro a la comunidad internacional de su decidido compromiso con el respeto a los derechos humanos, demostrando al mundo que somos un verdadero Estado social y democrático de derecho.

“La República Dominicana aceptó la competencia contenciosa de la Corte siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 62 de la Convención Americana el 25 de marzo de 1999. De modo que acatar esta nueva decisión de la Corte Interamericana no es una opción sino una obligación estipulada en el artículo 68.1 de la Convención”, manifiesta el comunicado.

La institución defensora de los derechos humanos dijo que respecto al fondo de la sentencia relacionado con las deportaciones, destaca que aunque el Estado tiene potestad para deportar extranjeros en situación irregular, no puede hacerlo de forma masiva ni desconociendo derechos. “Por ello es imperativo que se establezca un protocolo de deportaciones que garantice el respeto al debido proceso y las garantías de ley, cumpliendo los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos”.

El Centro Bonó considera que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros debe ser mejorado en su implementación procurando mayor eficiencia y efectividad para garantizar el logro de los objetivos planteados. Igualmente, deben suspenderse las expulsiones que están ocurriendo en algunos puntos del país en estos momentos.

“Saludamos que la Corte haya ponderado la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), la Ley 169-14 y el Decreto 327-13, puesto que ayuda a orientar el debate judicial que ha estado presente en el país alrededor de esta problemática”, señala.

 

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