El Centro Juan XXIII sometió ayer ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo de cumplimiento contra 82 legisladores y exlegisladores que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes, lo que viola la libertad de información consagrada en el artículo 49.1 de la Constitución.
La entidad también hizo una denuncia de presunción de enriquecimiento ilícito contra los señalados congresistas y excongresistas, ante la Procuraduría General de la República, para que investigue a los acusados de violar los artículos 5 y 6 de la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
La lista incluye exlegisladores del período 2010-2016, y 21 legisladores actuales (2016-2020). Los sometidos son:
Adalberto Esteban Rosa Hernández, Albert Elías Atallah Lajan, Alexis Isaac Jiménez González, Altagracia Herrera Brito, Altagracia Martha Pérez Campusano, Ana Elizabeth Aristy Tapia, Ana María Marcelina Acevedo, Ana Miledy Cuevas, Aquiles Leonel Ledesma Alcántara, Bárbara Yvelice Abreu Grullón, Bernardo Alemán Rodríguez, Carlos Borromeo Terrero Reyes, Carmen Mirelys Uceta Vélez, Cristian Encarnación, Diego Aquino Acosta Rojas, Edme Elizabeth Ana Arnaud Bencosme, Elpidio Infante Galán, Esther Mirelys Min- yety, Eufracia Santiago Merán, Eugenio Cedeño Areche, Eugenio María Méndez Ramírez, Evangelina Sosa Vásquez, Evelin Andújar Matos, Fausto Rafael Liz Quiñones, Franklin Rafael de la Cruz Ramos, Guillermo Radhamés Ramos García, Henry Modesto Merán Gil, Jorge Frías, José Antonio Díaz Reyes, José Francisco López Chávez, José Gabriel Jáquez Vázquez, José Isidro Rosario Vázquez y José Miguel Cabrera.
Asimismo, Juan Alberto Cohen Sander, Juan Hubieres del Rosario, Juan José Morales Cisneros, Juan José Rosario Rosario, Juan Pablo Plácido Santana, Julio Encarnación, Leivin Guerrero, Leoncio Sandoval López, Luis Enrique Castillo Ogando, Luis Ramón Peña, Luis Romeo Jiménez Caminero, Manuel de Jesús Pichardo Arias, Manuel Elpidio Báez, María Amparo de Dios Martínez, María Cándida Sánchez Mora, María Luisa Guzmán Calderón, Máximo Lebrón, Mayra Josefina Tavárez Aristy, Miguel Ángel Peguero Méndez, Milagros Díaz González, Nelson Arroyo Perdomo, Néstor Julio Cruz Pichardo, Orfelina Arias Medrano de Nin, Pablo Adón Guzmán, Pedro Alejandro Aguirre Hernández, Pedro Carreras Santana, Radhamés Camacho Cuevas, Rafael Antonio Abel Lora, Rafael Francisco Vásquez Paulino, Rafael Leónidas Abreu Valdez, Ramón Antonio Fernández Martínez, Ramón Arcángel Santana Ramírez, Ramón Durán Paredes, Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa, Ramón Rogelio Genao Durán, Roberto Pérez Lebrón, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, Ruddy González, Salomón García Ureña, Sebastino Brito Hernández, Sergio Julio Muñoz Morales, Severina Gil Carreras de Rodríguez, Sonya de las Mercedes Abreu Villanueva, Tulio Jiménez Díaz, Víctor Enrique Mencía García, Víctor Hipólito Sánchez Féliz, Víctor Luis Lasosé Figueroa, Virgilio Manuel González Vázquez y Virgilio Merán Valenzuela.

Acción y reacción. De inmediato, diputados de distintos partidos reaccionaron ante la denuncia de que no han declarado su patrimonio o de que no han presentado el certificado de pago de impuestos, debidamente expedido por la Dirección General de Impuestos Internos.
Uno de ellos fue el peledeísta Radhamés Camacho, quien se mostró sorprendido de que su nombre figure en la lista de sometidos por el Centro Juan XXIII.
El legislador se defendió alegando que desde que llegó al Congreso presentó su declaración jurada de bienes. Sin embargo, declaró que comprobará si le falta algún cumplimiento.
“Yo estoy al día con el pago de mis obligaciones presupuestarias, impositivas. ¿Y cómo puedo andar sin pagar impuestos? Pero chequearé de todos modos si debo alguno”, señaló.
En tanto, su correligionario Levis Suriel le atribuyó a la Cámara de Cuentas un error en el procesamiento de su declaración de patrimonio.
Según él, a ese error obedece que fuera incluido en la lista.
“Se ha establecido un sistema nuevo en la Cámara de Cuentas, y tiene una serie de requerimientos que parece que ni ellos mismos pueden manejar”, sostuvo.
El legislador informó que agota los pasos correspondientes para aclarar la situación, y reconoció que “causa inquietud en mi persona y crea duda en la población que nos ha traído para que la representemos dignamente”.
Sanciones. Radhamés González, vocero del PRD en la cámara baja, invocó el castigo de la ley para sancionar a los legisladores que infrinjan las normas legales.
“Lo correcto es que en el mes no cobren, y los legisladores se pondrán al día con esa situación. Eso no es tan difícil y llamo la atención a los colegas”.