El Centro Juan Montalvo responsabilizó ayer a las autoridades de la tragedia que provocó la muerte de ocho  personas  en el barrio  Guachupita, la madrugada del pasado miércoles, por no haber acudido a tiempo en su ayuda y el director del Centro de Operaciones de Emergencia, coronel Juan Manuel Méndez, dijo que esas muertes  pudieron  evitarse si se hubiesen acatado las recomendaciones de  organismos de socorro.

La encargada de Investigación del Centro Juan Montalvo, Jenny Torres, dijo que la situación de vulnerabilidad en que vivían las víctimas había sido denunciada por líderes comunitarios y por la Iglesia Católica ante las autoridades, pero nadie hizo nada.

Dijo que las autoridades alegaban que el costo  de hacer la reparación necesaria era muy elevado: un millón de pesos.

Indicó Torres que no hubo  información suficiente y las organizaciones de mitigación no contaban con equipos ni formación adecuada.

Torres informó que el derrumbe ocurrió al lado de las casas reparadas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Sostuvo que los organismos gubernamentales ni las organizaciones sociales cuentan con un plan organizado que deje en paz a las 30 ó 40 familias que viven en el farallón de la avenida Francisco del Rosario Sánchez.

Dijo que  los fallecidos en Guachupita son la responsabilidad  del gobierno, debido a la falta de una política de gestión de riesgos y de inversión en infraestructura.

Dijo que los seis menores que murieron en la tragedia de Guachupita no hubieran podido entrar a un aula cibernética, debido a las deficiencias nutricionales y la baja calidad de la educación. “La falta a la promesa de una solución definitiva para esas familias es tal vez la verdadera causa de sus muertes”, señaló.

 Exigió que en el presupuesto de 2009 se destine una partida importante para combatir la pobreza, no para embellecer la ciudad y  construir la segunda línea del Metro.

El derrumbe arrastró a cinco casas. Otras 27 están en precarias condiciones, a punto  de caerse.