A República Dominicana al asumir el Acuerdo de Escazú le representaría una oportunidad de vanguardia ambiental y pondría al país en un sitial del liderazgo regional ante los beneficios que da la transparencia en la gestión ambiental, por lo tanto, su ratificación abriría un posicionamiento internacional de marca país frente a la agenda climática global que llama la unidad de los países, Estados y sociedad civil para el desarrollo de modelos económicos en armonía con los recursos naturales.

El bien conocido Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, pasa por la urgencia de adhesiones de países para su entrada en vigencia, cuyo límite es el 27 de septiembre, y ante esta demanda social y ciudadana, el Centro Montalvo se une al clamor regional para solicitar a las autoridades nacionales asumir dicho tratado en el contexto de elevar la calidad de las políticas públicas sobre medio ambiente y recursos naturales.

La organización social de la Compañía de Jesús explica que el Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. Este tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales que luchan por la defensa de sus territorios y una vida digna.

Para el Centro Montalvo, la República Dominicana tiene suficiente calidad moral y deudas sociales y ambientales que la obligan a transitar hacia modelos más justos y sostenibles de desarrollo con la participación oportuna e informada de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental afrontar temas urgentes y apremiantes como la vulnerabilidad climática, el incremento de los desastres y la pérdida de biodiversidad.

Nuestro pedido, dice el Centro Montalvo, se fundamenta en los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, reconocida por ley, que apuesta a una sociedad más igualitaria, inclusiva y sostenible, y que con esta herramienta regional el país dispondría de un instrumento multilateral sin precedentes. Este acuerdo ofrece a la República Dominicana una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información, a la participación más allá de simple consulta y a la justicia ambiental.

Se trata de solidificar los mecanismos de participación ciudadana, lo cual nos desafía garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, y con la gran ventaja que el Acuerdo de Escazú apunta a reforzar la cooperación entre los países de la región, concluye el Centro Montalvo.