La política migratoria del país debe responder a las necesidades del mercado laboral, a los derechos humanos y a los derechos laborales de las personas migrantes, así lo consideraron los expertos en economía y sociología Juan del Rosario y Wilfredo Lozano en el marco del Análisis de coyuntura del Centro Montalvo sobre situación migratoria actual en República Dominicana, desde el punto de vista social y económico.
Para que esto se haga posible, entienden que se hace necesario flexibilizar las leyes migratorias para que los requisitos que en ella se exigen a los migrantes para regularizarse, sean asequibles.
En el análisis de coyuntura también se dio lectura a un documento donde el Centro fija su posición a raíz de hechos que catalogan de lamentables y que han servido para la promoción del odio y la exclusión de grupos vulnerabilizados, sobre todo los migrantes.
En ese documento la organización entiende, que usar el tema migratorio para tapar problemas como la corrupción lesiona las dinámicas sociales, así como las relaciones económicas y culturales entre República Dominicana y Haití, su segundo socio comercial.
Por ello recomiendan al Gobierno y las autoridades dominicanas, a volver a las líneas básicas de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
El Centro Montalvo en su documento considera que relaciones interculturales, basadas en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo serían un primer paso para crear espacios de convivencia que nos permitan resolver los conflictos mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.

A través de su Coordinación de Derechos Humanos la ONG recomendó colocar la gestión y el control migratorio en manos de un cuerpo civil especializado, y que se integre el enfoque de derechos en la capacitación de las y los operadores de la aplicación de la política migratoria. Dice que estos retos deberían empezar a plantearse en el debate político y que podrían evitar la corrupción en la frontera.