Con la aprobación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas 340-06, el legislador pretendía crear un marco jurídico lo suficientemente robusto como para impedir que los recursos del Estado que cada año se invierten en la adquisición de bienes y servicios sean dilapidados por medio del tráfico de influencias, favoritismo, clientelismo o cualquier otro tipo de prácticas de corrupción. Sin embargo, se necesitan una serie de medidas adicionales a las planteadas por el legislador y para ello no se precisa de modificación alguna a esa importante pieza legislativa, que dicho sea de paso, ha venido a ser una aliada del funcionario público, pues su correcta aplicación evitaría que ciertos “servidores” públicos tengan que ser traducidos a la justicia.
Entre las medidas a integrar en un proyecto que realmente pretenda reducir a su mínima expresión la corrupción en los procesos de compras y contrataciones del Estado, debe estar la creación del gran Centro Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, en el cual se concertaría de forma centralizada, tal y como lo hacen las grandes cadenas comerciales del país, todo lo concerniente a los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de todas las agencias del Estado dominicano.
Con la creación de esta institución eliminaríamos los distintos departamentos de compra y contrataciones existentes en las agencias del Estado, quitando así la autoridad que tienen hoy los incumbentes de las mismas sobre los actores que desarrollan los procesos de adquisición de bienes y servicios de las entidades públicas.

A partir de la puesta en operación de este Centro Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, cada incumbente haría sus solicitudes de adquisición de bienes y servicios al mismo de forma estratégicamente planificada y el Centro iniciaría el proceso correspondiente.