El Centro Juan XXIII insiste en la promulgación del Reglamento de la Ley 311-14 antes de que finalice el año, pues advierte que una de las mayores debilidades en la lucha contra la corrupción es la poca efectividad de la ley que obliga a los funcionarios públicos, electos o designados, a declarar de manera transparente y veraz su patrimonio personal, a causa de la falta del reglamento de aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Recordó en una nota que la norma tiene por objeto «establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad; facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente».

La entidad envió el 30 de octubre al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, las observaciones del proyecto de reglamento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Observó que el Artículo 25 establece el procedimiento para que la Oficina de Evaluación inicie los procesos de verificación, inspección y análisis. El inicio de estas actividades depende de la autorización del pleno de la Cámara de Cuentas.

En el párrafo incluido indica otros motivos que pueden iniciar las actuaciones de esa oficina.

“No estamos de acuerdo con que en los casos citados en este párrafo también se requiera de una autorización del pleno de la Cámara de Cuentas. Esto limitaría la capacidad de accionar de la Oficina de Evaluación, y antepondría la voluntad del Pleno a una solicitud de investigación del Ministerio Público”, expresan en el documento.

Dicen que el Artículo 33 contempla que solo cuando la Cámara de Cuentas convoque a un llamado de actualización se verán los funcionarios obligados a presentar su declaración bajo los requerimientos de la nueva ley y su reglamento, e indica que solo aplica a los designados con posterioridad a la promulgación de la Ley 311-14. El centro cree que todos los funcionarios obligados a presentar su Declaración Jurada de Patrimonio deben de hacerlo bajo el nuevo esquema.