POR JEREMY GRANT
En Washington

Para muchas personas, las Islas Caimán representan poco menos que una locación para salida al Caribe repleto de sol.

Pero para Max Baucus, un senador de Estados Unidos son el lugar donde millones de dólares estadounidenses en impuestos no pagados podrían estar almacenados -y él dice que tiene una fotografía para demostrarlo.

En una audiencia en el Senado sobre los paraísos fiscales en el exterior la semana pasada, el demócrata de Montana presentó la imagen de un edificio de cinco pisos en las Islas Caimán, ampliada, para beneficio de las cámaras de TV presentes.

“Allí hay más de 12,000 corporaciones albergadas, y se sospecha que sean las [compañías] fachadas cuyo único propósito es evadir los impuestos de EEUU”, tronó.

Entonces, se volteó hacia un funcionario de la Government Accountability Office, la rama de investigaciones del gobierno, que ofrecía su testimonio. “Le voy a pedir que vaya allá. Quiero que escarbe, y que regrese y nos cuente lo que pueda encontrar”. 

Los paraísos fiscales vuelven a estar en la mira del Congreso. Alarmados por el crecimiento de las llamadas “tax gaps” -la cantidad por la cual se estima que los contribuyentes estén pagando menos de sus impuestos, y reportando por debajo de sus ingresos las cantidades que los contribuyentes de EEUU deberían estar pagando voluntariamente, y lo que deben pagar según la ley- algunos legisladores están señalando con el dedo al Caribe y otros paraísos fiscales en el extranjero.

Ellos sospechan que los ciudadanos estadounidenses están utilizando las leyes de secreto bancario y la capacidad de canalizar el ingreso a través de vehículos offhore, libres de impuestos, para evadir el reporte de ingresos al IRS, el órgano tributario de EEUU.

Jeffrey Owens, director del centro para política de impuestos y administración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que un aumento de la dependencia de los inversionistas en las compañías-fachada con estructuras poco transparentes radicadas en el exterior podrían hacerle difícil a las autoridades tributarias rastrear los ingresos.

A la pregunta de cuán grande es el problema, Owens confesó ante los senadores: “Sencillamente, no lo sabemos”.

Sin embargo, tal preocupación del Congreso se produce cuando los centros financieros de ultramar han estado limpiando sus leyes, reduciendo la brecha existente entre los centros “offshore” y las jurisdicciones desarrolladas -incluyendo EEUU- con los cuales, con frecuencia, son comparados de manera desfavorable.

Un informe publicado el mes pasado, solicitado a nombre de la International Trade and Investment Organization, un grupo de pequeños países con centros financieros internacionales, expone que muchos centros offshore tienen normas mejores que los  mayores centros financieros  instalados en los países más grandes.

Alden McNee McLaughlin, el ministro para la política de servicios financieros internacionales de las Islas Caimán, dijo que las islas “lamentan profundamente” esa idea de que “porque no estemos ubicados en el continente seamos ilegítimos”.

Muchos centros financieros offshore han mejorado sus normas, como resultado de una dañina iniciativa de competencia de impuestos de la OCDE, lanzada en 1996.

En 2000, la OCDE publicó una “lista negra” de 35 países con paraísos fiscales, que instó a esos centros offshore a hacer compromisos para eliminar las prácticas nocivas, mejorar las transparencia e intercambiar información.

Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) abolieron recientemente su sistema de acciones al portador, que ocultan la identidad del propietario beneficiario en una compañía. Sin embargo, muchos estados de EEUU, incluyendo Delaware, no exigen que las compañías muestren esa información.

Robert Briant, un socio radicado en BVI, de la firma legal Conyers Dill & Pearman, cuestiona si se está incrementando el uso de los centros financieros offshore para evadir impuestos. “¿Cuál es la base de esto, dada la cantidad de información que suministra cualquier compañia offshore, en contraposición a una compañía de tierra firme? Hay una desconexión”.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la mejor forma para enfrentar la diferencia en EEUU es mejorar la información compartida entre los países desarrollados y los que ofrecen servicios libre de impuestos.

Esto se está haciendo más urgente con el surgimiento de países desarrollados que se promocionan a sí mismos de eficientes en el tema de los impuestos, como Singapur y Malasia.

EEUU implementó los “acuerdos de intercambio de información tributaria” con jurisdicciones libres de impuestos desde la década de 1980.

Sin embargo, Reuven Avo-Yonah, un experto en impuestos de la Universidad de Michigan, señaló que la mayoría de estos tienen “valor limitado para el cierre de la brecha fiscal en general” porque están reducidos a asuntos delictivos, que constituyen solo una parte “muy pequeña” de los problemas de recaudación de impuestos, en general.

En ocasiones, los acuerdos exigen que el problema constituya un delito en ambas partes, en EEUU y en el paraíso fiscal, “lo que nunca será el caso en una evasión fiscal pura”.

Pocos observadores esperan que el escrutinio del Congreso desemboque en una acción legislativa. No obstante, Avi-Yonah recomienda que EEUU debe persuadir a los paraísos fiscales para que entren en nuevos acuerdos siguiendo las líneas de un modelo revelado recientemente por la OCDE que aborda muchos de estos problemas.

 “Fundamentalmente, todo el problema de la evasión fiscal podría abordarse si cooperáramos con todos los demás países en desarrollo”, dice.

Algunos legisladores estadounidenses, preocupados por su papel en la creciente “brecha fiscal”, que el IRS situó en 2001 en US$345 millardos (€253 millardos, £173 millardos), calcularon  que cada reducción de 1% en la brecha fiscal retribuiría anualmente US$3 millardos al gobierno.

Ciertas personas ricas aprovechan el  rígido secreto bancario para pasar como personas no residentes en EEUU.

VERSIÓN AL ESPAÑOL DE IVÁN PÉREZ CARRIÓN