El impacto de la pandemia covid-19 es tan grave en la región latinoamericana que al cierre del 2020 habrá un retroceso de 14 años en materia de pobreza, por lo que no se puede plantear la reactivación de la economía sin que la curva de contagios haya sido controlada.

Así lo planteó Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien afirmó que en estos momentos no puede existir una dicotomía entre salud y economía, porque lo primero es la salud.

Bárcena se expresó en esos términos durante la presentación del informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. Ese informe fue preparado conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud.

“Lo que el reporte propone muy seriamente es que no podemos hablar de apertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada, no hay reactivación posible sin que haya un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir del testeo, trazabilidad o búsqueda de contacto de posibles infectados, y confinamiento.

“Ese es el mensaje central, no hay este dilema de salud o economía, es salud, si no se controla la curva de contagios no puede haber reactivación económica”.

Bárcena precisó que para controlar la covid-19 el distanciamiento físico y el confinamiento son imprescindibles.

En ese sentido destacó que para que sea efectivo el confinamiento se necesitan medidas sociales que permitan atenuar los efectos en el ingreso, en la capacidad productiva.
Propuesta económica. Para apoyar a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad económica, cuando se implemente el confinamiento para contener la pandemia, los gobiernos deberían incrementar sus políticas sociales.

Sobre ese aspecto la Cepal propone un ingreso básico de emergencia durante seis meses, un bono complementario contra el hambre, políticas sociales universales, la ampliación de plazos de gracia, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y financiamientos en condiciones favorables para países de renta media, y en particular para el Caribe, que es una región altamente endeudada y muy vulnerable al cambio climático.

“Para todo esto vamos a necesitar políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un período más largo, esta crisis va a durar, y por lo tanto necesitamos instrumentos no convencionales”.

Cambio de modelo. Bárcena afirmó que la pandemia covid-19 requiere que los países den una mirada diferente a los sistemas de salud, para saltar la brecha de la desigualdad.
“Tenemos que repensar el futuro de otra manera, tenemos que lograr que nuestras sociedades absorban la urgencia de tener un acceso universal a la salud, un financiamiento solidario, independiente de las capacidades de pago”.

“Hay que fortalecer la Atención Primaria, la salud debe ser vista como un bien público, esta debe ser el eje principal del sistema sanitario, y para ello se van a requerir políticas fiscales expansivas, hay que ampliar el gasto en salud”, enfatizó.

Efectos inmediatos de la covid-19. De acuerdo con los resultados del informe presentado ayer por la Cepal y la OPS, a causa de la pandemia en la región habrá 96 millones de personas en extrema pobreza, es decir, que no les alcanza el ingreso para cubrir su canasta básica alimentaria.
De esa población la más vulnerable es la rural ya que el 29% de las personas con pobreza extrema viven en las zonas rurales, y el 11% en las urbanas.

En ese contexto Bárcena dijo que hay áreas mucho más afectadas de la región en relación a la crisis alimentaria, y que Haití y Venezuela son los países más vulnerables.

“También vemos con preocupación que ocho de cada diez personas van a tener un ingreso menor a 500 dólares mensuales, y eso nos lleva a casi 400 millones de personas que están por debajo de ese ingreso, y por supuesto, un 37% estará por debajo de la línea de pobreza.

“Los grupos particularmente vulnerables y con menor acceso a la salud son los envejecientes, que son casi 85 millones en la región. También son vulnerables los trabajadores informales que representan el 54% del empleo en la región, y que no tienen protección social. Y las mujeres, porque se han visto sometidas a mayores índices de violencia intrafamiliar durante la pandemia”.