SANTIAGO (AFP) – El Tribunal Constitucional de Chile paralizó ayer la distribución gratuita de la “píldora del día después” que dispuso hace cuatro meses el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al alegar que la medida es inconstitucional.

La mandataria socialista firmará, sin embargo, lo antes posible un Decreto Supremo para mantener la entrega del fármaco, anunció el secretario general del Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

La decisión del Tribunal, aprobada por seis votos contra cuatro, aduce que el ministerio de Salud carece de atribuciones constitucionales para autorizar la entrega sin costo de este anticonceptivo a las adolescentes mayores de 14 años, incluso sin la autorización de sus padres.

Según el dictamen, esa autorización debió ser firmada por la presidenta Bachelet y no por la ministra de salud, María Soledad Barría, lo que significa que existe “un vicio de forma que acarrea como consecuencia su inconstitucionalidad”.

“La Presidenta procederá a firmar este decreto que va a contener exactamente las mismas disposiciones que contenía la resolución que ha sido declarada inconstitucional por vicios de forma”, informó Lagos Weber tras hacerse pública la resolución del tribunal.

Y esperamos que esto sea cuanto antes, “dentro de los días de la próxima semana”, agregó Lagos Weber.

El abogado Jorge Reyes, quien defendió la posición de diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), adelantó que si la Presidenta insiste en distribuir la “píldora” en los centros públicos de salud, volverá a plantear sus reparos.

“Si lo hace, volveremos al Tribunal Constitucional a discutir el fondo del asunto”, advirtió.

La ministra de Salud, por su parte, reiteró el propósito del Gobierno de poner el fármaco a disposición de las mujeres que lo necesiten, especialmente aquellas que no poseen recursos para adquirirlo en las farmacias donde se distribuye desde hace más de dos años a un precio de 10 dólares.

“Si es un asunto de forma, buscaremos la forma correspondiente para poder asegurarle a la población las distintas opciones”, señaló Barría.

El dictamen del tribunal se conoció dos días después de que la Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, advirtiera que las políticas del Gobierno para regular la fertilidad, incluida la distribución del anticonceptivo, “ponen en riesgo el respeto por la vida” y se apartan de las garantías constitucionales.

Los obispos afirmaron que ese programa cae en “inconstitucionalidades de fondo, pues vulnera tres garantías fundamentales: derecho a la vida, derecho a la vida privada y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

En el plano judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó el pasado 10 de noviembre la entrega de la “píldora”.

La Iglesia Católica y sectores conservadores de la sociedad ponen en entredicho el fármaco por sus posibles efectos abortivos, al ser utilizado después de una relación sexual para evitar un embarazo.