M. DARÍO CONTRERAS
En el mes de enero pasado se publicó en este mismo periódico un artículo nuestro, «Una isla, dos pueblos, dos historias», en el que señalaba la importancia que se le atribuye a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente para un terreno insular, y frágil, como el de la República Dominicana, indicando además que si estamos mejor que nuestros vecinos se debe, en buena medida, al hecho que hemos sabido manejar con mayor eficacia nuestros vínculos ecológicos.

Es más, reconocidos estudiosos del tema medioambiental afirman que aquellos que no saben administrar sus recursos naturales, eventualmente sucumben como sociedades organizadas. Traemos esto a colación ante los recientes y lamentables sucesos relacionados con la protección de nuestras áreas protegidas, en el que se enfrentan los llamados intereses «desarrollistas», dispuestos a utilizar todas sus influencias para alcanzar sus fines, contra los «conservacionistas», que poco o nada tienen que ganar con defender principios y leyes cuyos potenciales beneficios se enmarcan en un futuro distante, en favor de las futuras generaciones dominicanas que quizás no sepan apreciar en su justa dimensión las luchas de sus antecesores.

Para poder hacer un juicio equilibrado sobre la verdadera conveniencia de una de estas dos posiciones, es razonable y lógico preguntarse qué persiguen ambos bandos y cómo lo persiguen. La República Dominicana tiene aproximadamente un 30% de su superficie con cubierta boscosa, mientras Haití apenas tiene un 1%. Los mencionados «desarrollistas», empresarios turísticos y sus afines, les gustaría tener sus hoteles en las mismas playas que se encuentran en áreas protegidas, las que hoy poseemos gracias, en gran medida, a la férrea determinación del fenecido doctor Joaquín Balaguer, como reconocimos en el artículo antes citado. Pero para poder usufructuar estas playas, con sus construcciones y cercas amuralladas, se harían unos «cambios» en las delimitaciones establecidas por ley de las áreas protegidas, de manera tal que los proyectos turísticos promocionados puedan favorecerse de estos recursos vírgenes de nuestro país, privando así a la población de disfrutar de una bella porción de nuestros encantos naturales. Sabemos, no obstante las afirmaciones a lo contrario de los promotores de estos proyectos, que el acceso y disfrute de estos recursos costeros se restringe enormemente cuando los mismos se encuentran en manos del capital privado.

No descartamos la posibilidad de que existan determinados promotores turísticos que tengan buenas intenciones, y hasta la voluntad de cuidar lo que la naturaleza nos obsequió. Sin embargo, consideramos que la codicia y el deseo de maximizar los beneficios pesan más en la mente de estos señores que el verdadero deseo de cuidar y proteger nuestros disminuidos recursos naturales. Alguien diría que para esos menesteres existe la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero conociendo la precariedad económica conque se maneja esta importante dependencia del Estado dominicano, dudamos que esto sea realmente efectivo en las actuales circunstancias. Nuestra reconocida debilidad institucional y el tradicional sistema político imperante no garantizan que si permitimos la ocupación de nuestras áreas protegidas por inversionistas privados estas áreas se protegerán debidamente, muy desafortunadamente. Existen dos asuntos en los que se debe aplicar sin miramientos el principio de cero tolerancia: las drogas y la protección de nuestros recursos naturales. Para lograr esta meta debemos proveer a los organismos responsables de los recursos y del personal profesional necesario para ser inflexibles en el cumplimiento de nuestras leyes y de los preceptos constitucionales que rigen la materia. Asimismo, la política no debe inmiscuirse en estas dos sensibles áreas de nuestra seguridad nacional. Apoyamos pues a los que tienen la responsabilidad de conducir, en forma transparente y responsable, a las instituciones encargadas de controlar y erradicar el uso y tráfico de las drogas y sustancias prohibidas, así como velar por la salvaguardia de nuestros invaluables recursos naturales y por la integridad y sostenibilidad de nuestro medio ambiente.