A propósito de hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la retórica se sacude y la prédica se enciende con proclamas alegóricas a los muchos feminicidios y todo género de maltrato físico que padecen las mujeres de manos de los hombres. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, mediante resolución 54/134 el 17, dispuso que cada 25 de noviembre se conmemorara este día, como justa alegoría al horrendo asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto a su chofer Rufino de la Cruz, cometido un día como hoy por voluntad del tirano Trujillo. Por cierto, el crimen inició el conteo regresivo del desplome de la dictadura.

Pero la violencia contra la mujer no es únicamente el asesinato y el maltrato físico, que son comunes en este país y el resto de Latinoamérica. También es violencia la inequidad en la distribución de las oportunidades para los cargos públicos, elegibles o por designación; la que las aisla de la toma de decisiones y que las coloca en desventaja frente al hombre en cuanto a remuneración. Es innegable la dificultad de prevenir el feminicidio, pero no hemos educado para evitarlo, ni se ha hecho lo necesario para proteger a la mujer amenazada. No hacer lo pertinente en beneficio y protección de la mujer es también una forma de violencia contra ella. Practiquemos en todos los contextos el mandato a que alude la conmemoración de este día.

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO

Las ambivalencias sobre el plazo en que los funcionarios deben cumplir la obligación de prestar declaración jurada de sus patrimonios crean confusión y favorecen a quienes tratan de escurrirse de este requisito. Es una barbaridad que sobre la Ley 311-14 pueda haber tantas interpretaciones. Así, mientras la Cámara de Cuentas advierte que ya venció el plazo fijado por la ley para formular la declaración jurada de bienes, el Procurador General dice que no es así, y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo alega que el plazo solo ha vencido para aquellos funcionarios designados luego de promulgada la ley.

En aras de la mayor transparencia posible, todos los funcionarios públicos, los designados después de promulgada esa ley y los que estaban desde antes, deberían estar obligados a prestar declaración jurada de sus posesiones. ¿Por qué tantos pretextos para tratar de aplazar o evadir este requisito?