[b]Señor director:[/b]

La industria cervecera de la República Dominicana es una de las más dinámicas de la economía, llegando a representar en el año 2001 el 2.8% del Producto Bruto Interno (PBI). En ese mismo año, la industria cervecera se acreditó la generación de 4,664 empleos director y unos 100,000 indirectos, lo que significa cerca de 400,000 personas dependen de esta actividad para ganar el sustento de sus familias.

Haciendo un poco de historia, es bueno recordar que el primer proyecto de producción cervecera en el país data de finales del siglo XIX con la firma New Jersey Santo Domingo, que se acogió a una concesión del gobierno de Ulises Heureaux, pero es a partir de 1929 cuando adquiere características modernas a través de la fundación de la Cervecería Nacional Dominicana. En 1952 la empresa adquirió la Sociedad Cervecera Antillana, propiedad del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Pero, en sentido general, la producción cervecera ha sido una de las más perjudicadas por la política fiscal de los gobiernos del país. El Estado recibe de la industria cervecera aproximadamente el 7% de sus ingresos por cargos sobre la mercancía, lo que significó para el 2003 RD$4,510 millones.

El sector cervecero es uno de los contribuyentes más significativos para el Estado, y sus aportes han experimentado un incremento anual de un 13% desde 1995 a la fecha.

El peso de la carga fiscal ad-valorem aplicada a la cerveza fue tan grande y abusiva que para el 2001 provocó que la producción decayera en un 15%. Los efectos del Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) fueron devastadores, provocando una abrupta caída en el consumo local, haciendo decaer la producción en el porcentaje anotado anteriormente.

La industria cervecera empezó a recuperarse el año pasado, cuando las ventas crecieron un 10%. Como podrá notar el lector, ese porcentaje estuvo 1.5% por debajo de la caída sufrida por la producción en el 2001.

Se estima que las tres plantas que tiene el país producen 3.2 millones de hectolitros de cervezas, para un consumo anual interno de 3.1 millones de hectolitros, que incluye una ínfima proporción de cerveza importadas.

Como renglón de exportación, la cerveza dominicana ocupa el segundo lugar entre las principales marcas latinoamericanas importadas por Estados Unidos.

Con todos estos méritos acumulados por la industria cervecera, lo justo es que haya una política tributaria justa y equitativa, que no se convierta en amenaza para un renglón de tan grandes aportes a los ingresos del Estado. Hay que advertir que la única causa de declinación del consumo de cerveza, y por consecuencia de su producción y al mismo tiempo de sus aportes fiscales, ha sido precisamente la aplicación de políticas tributarias abusivas, excesivas e injustificables.

La política fiscal aplicable a un renglón como la cerveza dominicana, que se ha posicionado de manera envidiable de un mercado tan exigente como Estados Unidos, tiene que ser justa y equilibrada para que no ponga en riesgo la competitividad de la industria en un mercado globalizado.

Estamos hablando de una industria que, como pocas en el país, ya tiene inversiones por más de RD$13,026 millones, genera más de 100,000 mil empleos director e indirectos y contribuye con un 2.8 del PIB.

En virtud de que acuerdos con la Organización Mundial del Comercio impiden ciertas políticas proteccionistas, lo menos que pueden hacer los gobiernos es propiciar un tratamiento fiscal adecuado para suprimir obstáculos que puedan dañar la competitividad de la industria, en este caso la cervecera.

Por esas razones es que se estimula un tratamiento fiscal basado en variables diferentes del valor de mercado del producto de que se trate, en este caso de la cerveza.

Ya apuntábamos anteriormente que la fuerte presión fiscal del tipo ad-valorem sobre la cerveza hizo declinar sus ventas un 15% en el año 2001, y consecuentemente, eso mismo llevó a una caída de la demanda o consumo.

Eso indica que no es juicioso insistir en una carga fiscal sobre el valor de este producto de gran demanda y que, definitivamente, lo juicioso es penalizar su producción de alcohol por un volumen determinado.

Atentamente,

Jesús Ml. Pérez Jiménez