El Consejo Económico y Social (CES) aplazó para el 31 de este mes las reuniones de Asamblea Plenaria para firmar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con miras a llegar a consenso en los puntos en los que aún no lo hay, y de que se reintegren representantes del sector social, tomando en cuenta la importancia de ese acuerdo para el desarrollo de República Dominicana.
“En la reunión conjunta celebrada por los integrantes del Comité de Coordinación Gubernamental y los miembros de la Comisión Ejecutiva del CES se decidió aplazar las reuniones de Asamblea Plenaria hasta el jueves 31 de agosto de 2017 a solicitud de los tres sectores representados en el CES y del Gobierno Dominicano”, indica un documento enviado por Mariano Eberles, de la dirección de comunicación.
Informó que el aplazamiento está motivado en el interés de hacer partícipe a todos los actores políticos, económicos y sociales convocados por el decreto 389-14, acorde con los resultados alcanzados en dos años y diez meses por los grupos que participan en el proceso de concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
Ayer el sector social convocó para las 4:00 p.m. al salón de sesiones del Pacto Eléctrico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde el abogado apoderado Alexis Joaquín Castillo, presentaría documentos sobre las supuestas irregularidades cometidas en el proceso y constancias de la violación de la metodología aprobada para el desarrollo de las discusiones.

Pero cuando llegaron los periodistas solo encontraron en la puerta un letrero que decía que la reunión había sido suspendida.
Entre los grupos que objetan el proceso están Observatorio Dominicano de políticas Públicas de la UASD, Fundación GEMA, Fundación por los Derechos del Consumidor, Articulación Nacional Campesina, Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional, Confederación Nacional de Mujeres del Campo.
Entre los puntos donde mayores disenso o desacuerdo se observan el modelo de negocio que se seguiría en las plantas generadoras Punta Catalina, la veeduría y la tarifa eléctrica.

En el caso de Punta Catalina, algunos de los participantes proponen que el Estado sea el administrador, otros que lo sea por 10 años, otros la venta sin límite, otros, como el sector social, piden que se si venden las plantas, que el 49% sea a los gremios y cooperativas.
En cuanto a la veeduría, el sector social y empresarial se oponen a que los veedores estén ligados al Gobierno a o partidos políticos.