Desde la diputación de César Arturo Abreu Fernández no recuerdo, antes o después, un legislador que rindiera cuentas, mensualmente, de su actuación en la llamada Cámara Baja.

La no presentación, la no rendición de cuentas, es una constante en la tradición nacional de desprecio a los ciudadanos electores que se practica desde siempre.

No me refiero, por supuesto, nada más que a los diputados, también los senadores, los ministros, los funcionarios de alto nivel. No basta con ir a la televisión y decir que esto y lo otro. Se requieren documentos de descargo de Impuestos Internos y de la Procuraduría General de la República-

El desorden, la permisividad es tal que ni siquiera tenemos sanciones fuertes para los funcionarios que no presentan sus declaraciones de bienes notarizadas, auditadas por un Contador Público Autorizado, donde se consigne el origen de los recursos, al entrar al puesto y las operaciones económicas que avalen el aumento de capitales y bienes al término de la gestión.

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Lo peor es que ninguna autoridad se ocupa de revisar, examinar, cuestionar, si es necesario, la declaración de bienes de un funcionario, antes y después de cumplir con las obligaciones puestas a su cargo.

Lo llevo dicho por radio y televisión y conferencias dictadas en distintos tiempos y en distintos lugares, lo llevo escrito en artículos de prensa: abogo por la reducción del número de diputados puesto que con el crecimiento de la población habrá tantos diputados que no cabrán en el terreno del estadio Quisqueya

Además, mientras privilegiemos la elección de los legisladores por listas de partidos, continuaremos eligiendo, como legisladores al Congreso, a personas sin el respaldo popular, sin el conocimiento de la realidad del pueblo que van a representar, desconocedores de cómo usar el poder para legislar en favor de sus votantes.

Se trata de legisladores que se limitan a discutir y votar propuestas de leyes que presentan el presidente de la República, los organismos constitucionales con derecho a iniciativa para la formación de las leyes y de sus partidos.

El problema es de fondo, pero también de concepción de la democracia, no hay democracia si no se rinde cuenta del origen y destino de los fondos públicos, de la administración honesta, confiable y equilibrada de las leyes, respetuosa de los derechos individuales, del derecho a la justa fama y al debido proceso.

Legislar es un privilegio que debe ser ejercido por los mejores, aunque no sean los más populares, no se debe privilegiar La ignorancia. !Ojo pelao!