HAROLDO DILLA ALFONSO
En estos días la prensa ha destacado el establecimiento de un Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT). Este cuerpo está llamado a sustituir a las unidades tradicionales del ejército (tercera, cuarta y quinta brigadas) y  pertrechado con medios técnicos modernos  debe realizar un control más eficaz en temas como la inmigración ilegal, el narcotráfico, el contrabando y el comercio ilegal de armas, todos ellos incluidos en las actuales nociones de la seguridad nacional.

Según su comandante, el general Adriano Silverio, la fecha del establecimiento debe ser recordada como «un día especial».

Posiblemente el general tenga razón y todos deseamos que así sea. Es decir que se logre un enrolamiento calificado de este cuerpo militar en la frontera, y sustraiga a las fuerzas armadas de tareas que nada tienen que ver con sus funciones de protección del espacio y la seguridad nacional. Lo que el general Noble Espejo remitía en un sustancial artículo a «dilemas» no resueltos de concepción y visión institucional.

En otro plano, si al mismo tiempo esto conduce a un enrolamiento honesto que contribuya a la eliminación de las arbitrariedades, los abusos y la corrupción, entonces también el CESFRONT estará dando respuesta a una vieja demanda de las comunidades fronterizas y de sus organizaciones.

Cuando observamos los discursos en torno al CESFRONT y el entusiasmo que generan, cabe hacernos varias preguntas en relación al verdadero significado de estos cambios y sus implicaciones para los sistemas de administración y gestión fronteriza.

Y en lo que al tema concierne, esto se refiere ante todo al balance entre autoridades civiles y militares en la frontera. Por décadas los militares han administrado la frontera, y han asumido muchos roles distintos de sus funciones constitucionales. Aún hoy lo siguen haciendo: cierran y abren mercados, cobran peajes, permiten o niegan el paso de camiones sin argumentos, controlan la entrada y salida de personas, etc. Y en esto la frontera dominicana muestra un atraso descomunal respecto a la mayoría de las fronteras continentales, que ya han pasado a cuerpos administrativos civiles apoyados en organismos paramilitares especializados. ¿Significa el CESFRONT una redefinición profesional de estos roles? ¿Seguirán los militares asumiendo funciones de aduana, migración, medio ambiente, administración de mercados, etc? O en cambio, ¿asumirán solo sus roles específicos, que son precisamente los que la población de la frontera entiende necesarios y legítimos, según los estudios que se ha realizado en la zona? O en cambio ¿estamos ante cambios cosméticos urgidos por presiones internacionales, que modernizarán algunas funciones pero no afectarán al actual sistema de administración heredado del pasado trujillista?

De cualquier manera habría que reconocer que los cambios que necesita la administración de la frontera no pueden ser satisfechos solamente por los militares no importa cuán inspirados y bien intencionados pudieran hipotéticamente estar. Se necesita una fuerte voluntad política de funcionarios, legisladores, activistas y autoridades locales y, por supuesto, del Presidente. Y avanzar en un rosario de temas que incluyen la inversión, el comercio, la migración, el medio-ambiente compartido y los temas propios de la seguridad en sentido más estricto.

Y solo cuando se avance en estos temas de manera concertada, mediante negociaciones que deben incluir a los vecinos haitianos, solo entonces se podrá conseguir un clima de seguridad que permita a la CESFRONT actuar de manera profesional, honesta y respetuosa de los derechos personales y del funcionamiento democrático. Con su inevitable incidencia en beneficio de la legitimidad de las fuerzas armadas.

Con certeza, lo que todos, o al menos casi todos quieren.