CARACAS (EFE).- El Gobierno venezolano ratificó ayer ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que aceptará, «cualquiera sea», el resultado del referendo revocatorio del domingo contra el presidente Hugo Chávez.

   Pero el vicepresidente, José Vicente Rangel; y el canciller, Jesús Pérez, manifestaron también la «preocupación» del Ejecutivo porque la oposición «no ha dicho que aceptará» el resultado que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la consulta.

   La directiva de la alianza opositora Coordinadora Democrática (CD) dijo que si el proceso de referendo es «transparente», aceptará los resultados que emita el Poder Electoral, al que ya han acusado de supuestamente favorecer al Gobierno.

   Rangel calificó además de «preocupante e inquietante la declaración» del líder opositor y gobernador del estado de Miranda, el socialcristiano Enrique Mendoza, de que los anti-Chávez emitirán el domingo y antes que el CNE resultados del referendo, lo que está prohibido por las normas que rigen la consulta.

   El vicepresidente dijo no entender que «un líder político y funcionario del Estado haga una declaración que implica violación a las normas del CNE».

   «No entendemos (…) pero a mí particularmente no me extraña, porque si violaron el 11 de abril la Constitución, no debe extrañar ahora que violen una norma del CNE», manifestó Rangel.

   El 11 de abril de 2002, Chávez fue derrocado durante 48 horas por un golpe de Estado, tras el que se instaló un fugaz gobierno de facto presidido por el entonces líder patronal, Pedro Carmona, quien decretó la abolición de todos los poderes públicos.

   Rangel y Pérez detallaron al cuerpo diplomáticos las previsiones de seguridad que ha tomado el Estado para garantizar la «paz» el domingo, cuando más de 14 millones de votantes han sido convocados para decidir la continuidad de Chávez en el cargo.

   Los embajadores fueron notificados de que «habrá 117.000 efectivos militares a lo largo del territorio», además de miembros de los «cuerpos de Inteligencia del Estado, listos para prevenir (eventuales alteraciones del orden público) en lugar de que ocurran», informó Rangel a los periodistas.

   «El Gobierno hará todo lo posible para que el 15 de agosto haya paz, para que los venezolanos puedan salir a votar por el sí y por el no», dijo por su parte Pérez.

   El Gobierno ha dicho que «informes de Inteligencia» dan cuenta de que sectores minoritarios radicales de oposición intentarán generar «violencia» e incluso un «ataque terrorista a gran escala» para truncar el proceso de referendo.

   Según el oficialismo, la oposición, consciente de la «avasalladora ventaja» del «chavismo», apelaría al «expediente de la violencia» para intentar propiciar abstencionismo el día de la consulta popular.

   La oposición ha dicho que esa tesis es una «patraña» oficialista que demuestra la «desesperación» del Gobierno ante su supuesta inminente derrota en las urnas.

   Para que Chávez deje la Presidencia es necesario que sus opositores obtengan más de los 3,7 millones de votos que el mandatario obtuvo en los comicios de 2000, y que superen además la votación que alcancen los simpatizantes del presidente. EFE