MADRID. AP. Francis González lleva nueve meses en España y tiene miedo de salir a la calle. Teme que el endurecimiento de las sanciones contra la inmigración ilegal aprobado por la Unión Europea conduzcan irremediablemente a su deportación.

«Apenas me muevo de casa. No quiero que un policía pueda pedirme los documentos legales de trabajo, que no tengo», cuenta.

González es una nicaragüense de 30 años que dijo haber dejado su trabajo como profesora universitaria y venido a España para tratar de ampliar sus estudios como licenciada en ingeniería agronóma. Pero la suerte le fue esquiva.

No encontró un empleo relacionado con su profesión y se quedó en el país ilegalmente, trabajando en el servicio doméstico, sin contrato, sin cobertura sanitaria y sin el amparo de la ley. «Hay gente que viene a delinquir y estoy de acuerdo con que se les expulse. Lo que no pueden es agarrar a la gente en masa y echarla, sin conceder una sola oportunidad», comenta.

Las nuevas normas europeas prevén hasta 18 meses de retención para una persona sin papeles mientras se tramita su repatriación, la posibilidad de retener a menores no acompañados como último recurso y la prohibición de volver a pisar territorio europeo durante cinco años a cualquier deportado.

El gobierno español insiste en que nada va a cambiar y en que no se van a multiplicar las expulsiones ni la policía va a perseguir a los inmigrantes. «No entiendo las críticas que he leído sobre supuestas violaciones de los derechos humanos. Esta directiva, como la ley española, es garantista y define la inmigración como un fenómeno positivo», dice Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE del gobierno español.

Garantista, según López Garrido, porque obliga a los 27 países del bloque a prestar asistencia jurídica a los inmigrantes durante el tiempo que se prolongue su retención. «Es un acuerdo muy importante, porque había países de la UE que ni ofrecían supervisión”, dijo.

En España, la ley estipula que un inmigrante ilegal sólo puede estar retenido 40 días y el gobierno ha dicho que no mantendrá detenido a un indocumentado hasta 18 meses, como contemplan las nuevas normas.

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Chávez amenaza

El presidente Hugo Chávez amenazó ayer con suspender el suministro de petróleo a los países europeos que ratifiquen una nueva norma para repatriar a los inmigrantes indocumentados, en tanto el mandatario boliviano Evo Morales dijo que la normativa puede desencadenar violencia en Europa y Latinoamérica.

Chávez dijo que “al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países” que ratifiquen la normativa, y que el petróleo venezolano “no iría para los países que aplique la ley del bochorno”.   Y advirtió: “si algún país europeo empieza aplicar ésto y meter preso a colombianos, a paraguayos, a bolivianos, a ecuatorianos, entonces vamos  a tomar medidas.

Traería violencia

LA PAZ.  AP.  El presidente Evo Morales dijo ayer que la norma que aprobó la Unión Europea para expulsar a inmigrantes ilegales puede desencadenar violencia y enfrentamientos en Europa y Latinoamerica y anunció que promoverá una campaña internacional de rechazo a esa medida.

«Yo pido a los presidentes de Europa, al Parlamento Europeo que no cometan una agresión a la humanidad y a la vida. Lo que están haciendo es muy grave», declaró durante una reunión con corresponsales extranjeros.

Aseguró que la llamada «directiva de retorno» de inmigrantes que faculta a encarcelar y expulsar a ilegales desde el 2010, puede generar «conflictos en Europa y Latinoamerica, porque habrá una reacción». «Yo les pido que no nos lleven a un enfrentamiento», dijo.

Conservadores y liberales del Parlamento Europeo sumaron votos el miércoles para aprobar una directiva que permite ampliar la detención de inmigrantes  hasta 18 meses y su posterior expulsión. La decisión generó  rechazo en gobiernos   latinoamericanos.