Chávez, reforma fiscal  y democracia

Chávez, reforma fiscal  y democracia

Aparte de quienes votaron por Hugo Chávez, quizás somos los dominicanos, junto con los cubanos, quienes deberíamos estar más contentos por su triunfo electoral. 

Y es que la reelección de Chávez nos permite seguir disfrutando de la solidaridad de Petrocaribe y, lo que no es menos importante, nos deja seguir siendo destino de inversión para los dinámicos y emprendedores inversionistas venezolanos que tienen que huir de su país. 

 Pero, tras este momento de júbilo, ¿qué lecciones podemos extraer los dominicanos de las recientes elecciones venezolanas? Cualquier antichavista tendería a desacreditar el proceso electoral que condujo al triunfo de Chávez, pero lo cierto es que, independientemente del uso y abuso de los recursos estatales, su victoria fue producto de una voluntad popular que se manifestó en 10 puntos porcentuales por encima del candidato de la alianza de oposición, Henrique Capriles, quien admitió la derrota la misma noche en que se anunció el resultado oficial. Todo muy lejos de la actitud de un Hipólito Mejía que todavía hoy no ha aceptado el triunfo de Danilo Medina e, incluso, lo ha cuestionado a nivel internacional, a pesar de que los observadores internacionales concuerdan en la limpieza de las elecciones dominicanas.

 Una cosa es, sin embargo, un proceso electoral, más o menos diáfano, y otra la igualdad de oportunidades de los partidos en unas elecciones. En el caso venezolano, es obvio que la presión sobre los medios, el acoso a la oposición, y el abuso de los recursos del Estado, son exponencialmente mayores que en nuestro país. En todo caso, los dominicanos, sin una ley de partidos y de garantías electorales, no podemos asegurar la existencia de un sistema político realmente competitivo.

 Queda claro que, en realidad, los venezolanos han ejercido una especie de derecho fundamental a escoger un dictador, pues los límites formales sobre el poder de Chávez se desvanecen ante su control casi absoluto de todos los órganos del Estado, incluso los supuestamente autónomos. Pero Chávez, contrario a los dictadores de siempre, se somete a escrutinio electoral y trata de ganar los comicios, sea a las buenas o a las malas.

La llamada “dictadura constitucional” dominicana, es eso, una frase que no responde a la realidad de un nuevo orden constitucional que consagró, gracias al pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, las dos conquistas más caras al liberalismo dominicano: la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, en contra de la voluntad de los “ingenieros constitucionales”, apoyada en la simplicidad de los profanos y la complicidad de algunos juristas; y la creación del Tribunal Constitucional, contra vientos y mareas del “gobierno de los jueces” supremos designados en 1997. En virtud de ese nuevo orden constitucional, hoy Danilo Medina es presidente y se preserva la alternabilidad democrática.

Chávez fue electo por una mayoría de venezolanos que no querían perder la ayuda social del régimen. Sin embargo, el temor a perder esa ayuda no fue tan determinante en las elecciones del pasado 20 de mayo. En todo caso, para los dominicanos, ahora el reto es lograr la justicia social mediante la creación de empleos y no perpetuando una ayuda social que debería ser provisional y no clientelar. Por eso, la reforma fiscal, si va a ser integral, es necesariamente reforma política.

El acceso al empleo, al crédito y a la propiedad son claves para una plena ciudadanía.  Si todos nos volvemos menesterosos sociales  y no contribuyentes fiscales productivos en una economía formal, es obvio que la vía populista venezolana no es descartable en Dominicana. Por tanto, la reforma tributaria debería fomentar el empleo, la productividad y el ahorro. De ahí la importancia de generalizar el ITBIS y bajar su tasa, lo que promueve el consumo, aumenta los ingresos tributarios y disminuye la evasión.

La democracia cuesta pero debe costar a todos en proporción a su capacidad contributiva. Por demás, la libre elección política solo es posible allí donde el Estado, con gastos racionalizados y transparentes, le cuesta a todos y no solo a algunos ciudadanos. Solo quien paga impuestos es capaz de exigir responsabilidad a los políticos y votar conscientemente. Pero solo habrá más contribuyentes mientras más producción, empleos y consumo existan. El problema es que ahora hay demasiados “free riders” en todas las clases sociales. Ojalá logremos una reforma fiscal integral que aumente el número de contribuyentes y no sigamos dando cocotazos fiscales a las cabezas de siempre. Sin duda, eso aumentará los ingresos del Estado pero también mejorará la calidad de nuestra democracia.

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