HÉCTOR MINAYA
La República Dominicana y Venezuela, con tantos lazos históricos, económicos y familiares, deben esforzarse por tener las mejores relaciones posibles. Es evidente que la pasada administración no supo lidiar con el presidente Hugo Chávez y que el mandatario venezolano, al producirse el cambio de Gobierno en agosto del año pasado, buscó en el presidente Leonel Fernández un respaldo internacional que necesitaba dentro y a su vez, apoyo moral basado en la oposición a un enemigo exterior (Estados Unidos).

Hoy le toca a nuestra nación ser amiga sobrevenida de Venezuela, por obra y gracia de un cambio en la Presidencia, el cual él halaga con elogios desmesurados. Conviene, sin embargo, recordar que, hace bien pocas fechas, la misma República Dominicana que hoy representa el presidente Fernández era un país detestable, al que podía ofendérsele con la suspensión unilateral del suministro de petróleo.

Negociar con el actual Gobierno venezolano, hoy por hoy, representa un riesgo notable. Puede ofrecer todo, menos garantía y seriedad. Además, que analizando al personaje, se puede poner en duda el buen fin de su «colaboración», contrario a lo que puedan decir algunos venezolanofilos locales.

La razón de lo que acabo de afirmar precedentemente lo apuntala el recién conflicto creado por parte del Gobierno venezolano, que ahora intenta imponer una variación al Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, reclamando un supuesto «derecho soberano» de realizar el transporte de los hidrocarburos hacia la República Dominicana, exigencia que no hizo cuando se suscribió dicho convenio.

La crisis fue puesta en la palestra por el embajador dominicano adscrito a la Cancillería, Miguel Mejía, quien denunció a través de la prensa que el Acuerdo Petrolero de Caracas podría suspenderse por las acciones de grupos económicos que no identificó, que intentan obtener beneficios en el transporte del crudo hacia la República Dominicana, declaraciones éstas que por sus implicaciones y su condición de embajador, debió de consultarlas con sus superiores antes de emitirlas por los medios de comunicación.

No puedo asegurar que esta denuncia hecha por el embajador Mejía, de quien se dice tiene excelentes relaciones personales con el presidente Chávez, es parte de toda una estrategia del Gobierno suramericano para lograr el negocio de transporte, por cuyo servicio el país paga alrededor de 15 millones de dólares al año, pero el hecho cierto es que fue previa a una comunicación remitida vía fax a Arístides Fernández Zucco, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidonsa) y en la que Simón Suárez, gerente de Comercio de Pedevesa, la empresa venezolana del petróleo, reclama a la República Dominicana el «derecho soberano» de asumir el transporte del llamado oro negro que le vende en virtud de los acuerdos petroleros.

Hay que resaltar que el transporte del crudo no está incluido en el acuerdo original firmado con Venezuela y en que su artículo dos dice: «La aplicación de este acuerdo será exclusiva para los entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela, y la República Dominicana podrá utilizar empresas privadas que ésta haya designado y notificado a Venezuela, sólo para los efectos de la logística necesaria para el movimiento físico de los volúmenes de hidrocarburos comprados bajo este acuerdo para consumo interno».

De manera que nos encontramos ante una difícil disyuntiva. El Gobierno de Fernández acepta las pretensiones venezolanas de trasportar el crudo, con el consiguiente perjuicio para el país, que tendrá que anular un contrato que tiene con la naviera OSG Ship Management hasta el 31 de enero de 2006, asumiendo el pago de 900 mil dólares mensuales como penalidad, o se interrumpe el suministro de carburantes en virtud del Acuerdo de Caracas y del Acuerdo de San José, como ya se dejó entrever en las declaraciones hechas en ese sentido por el embajador Mejía.

El temor es que el presidente Chávez, cuando no es complacido en una petición, recurre a la congelación de los acuerdos y negocios como una medida de retaliación, verbigracia, la suspensión del suministro de petróleo al país luego de la negativa del gobierno de Hipólito Mejía de expulsar al ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a quien acusaba de fraguar una conspiración contra su régimen.

Otro ejemplo es el pasado diferendo con Colombia a raíz del escándalo por la detención o supuesto secuestro del guerrillero de la Farc, Rodrigo Granda, presuntamente en Caracas y no en Colombia, como sostuvo el presidente Alvaro Uribe; el gobierno de Chávez decidió suspender los acuerdos comerciales con ese país hasta tanto Bogotá admitiera que había violado la soberanía de Venezuela, presión que el Presidente colombiano rechazó categóricamente.

Más recientemente, tenemos la amenaza con romper las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos si éste país no le entregaba al exiliado cubano Luis Posada Carriles, pedido en extradición por Venezuela, de donde se fugó hace años cuando guardaba prisión bajo la acusación de haber derribado un avión de Cubana de Aviación.

Ahora, en el caso del transporte del petróleo, Chávez no se ha pronunciado oficialmente, pero otros se han expresado por él, lo que no deja de constituirse en otra situación preocupante, pues de producirse una decisión negativa por parte del Gobierno dominicano, podría traer una reacción explosiva, que es, como hemos demostrado con estos ejemplos, el patrón de comportamiento del gobernante venezolano.

Pero Chávez, reconfirmado en un referendo, es el presidente de una gran nación, amiga de Dominicana, como es la República de Venezuela. Como tal se merece respeto, a él y a su bandera. Tanto como se merecen otros presidentes de naciones amigas, incluyendo sus banderas. Dicho lo cual, no impide que uno tenga el criterio de que Chávez representa unas formas políticas muy ajenas a la democracia dominicana. No es un hombre propenso a ocultar su populismo, ni ajeno a las formas más ostensibles de caudillismo; ni siquiera es un dirigente recatado en el insulto, no pocas veces dirigido hacia nuestros lares en los últimos tiempos.

Chávez no es, pues, una alternativa en nuestra política exterior. Se le puede acoger con cortesía, incluso con el cariño que nos reclama su gran nación, pero no puede darse la imagen de que es ahí, en esos parámetros políticos e ideológicos, donde se encuentra la República Dominicana.