CARACAS (EFE).- Una manifestación de partidarios del gobierno venezolano condenó ayer la dilación de EEUU a responder a la petición de extradición del anticastrista Luis Posada Carriles, así como supuestos sabotajes en la industria petrolera nacional. La manifestación tuvo lugar en una plaza de Caracas cercana al palacio presidencial, donde una pequeña multitud exhibió pancartas en las que se acusaba a Posada Carriles de «asesino» y «terrorista».

Durante la protesta, el ministro de Exteriores, Alí Rodríguez, condenó a EEUU por demorar la extradición a Venezuela de Posada, detenido el martes en Miami y acusado dos días después de ingreso ilegal en ese país.

Posada, nacionalizado venezolano, es requerido por Venezuela por la voladura en 1976 de un avión cubano en el que murieron 73 personas, por lo que pasó nueve años preso en una cárcel venezolana, de donde huyó en 1985 cuando aguardaba una sentencia definitiva.

La movilización fue convocada bajo la consigna «Gran toma de la plaza Bolívar para exigir la extradición del terrorista Posada y condenar el sabotaje» que el gobierno denuncia ha ocasionado algunos perjuicios en la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Mañana, domingo, está prevista una marcha por calles de las zonas céntricas y del oeste de Caracas bajo la misma consigna y otra adicional: «Defendamos nuestra soberanía y marchemos juntos hacia el socialismo del siglo XXI».

Además del canciller, el ministro de Comunicación, Andrés Izarra, señaló que la actitud de Washington le resta «autoridad moral» al presidente de EEUU, George W. Bush.

«Cada día que Posada permanece detenido en EEUU sin ser extraditado a Venezuela, Bush pierde más autoridad moral para avanzar en su cruzada contra del terrorismo», sostuvo.

Recordó que los periódicos «The New York Times», «Los Angeles Times» y «The Washington Post» «reclaman que (Posada) sea extraditado a Venezuela».

También recordó que el 5 de noviembre de 2002 se capturó en Caracas «a una de las diez personas más buscadas del FBI, el señor James Spencer, y fue entregado a las autoridades estadounidenses al día siguiente», en cumplimiento al tratado de extradición bilateral de 1922.

Para la formalización de la solicitud de extradición de Posada, Venezuela dispone de sesenta días desde el martes pasado, según el tratado.

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, dijo ayer que el caso «se ha convertido en una verdadera papa caliente en manos del presidente Bush» y recordó que su padre «era director de la CIA cuando se produjo el atentado contra el avión cubano».

Un día antes, Chávez dijo que Washington «le ha lanzado un escupitajo al mundo» al acusar a Posada sólo de ingreso ilegal en EEUU y denunció que «está protegiéndolo, burlándose del mundo».

Las manifestaciones anteceden a otras protagonizadas el viernes en Caracas por otras pequeñas multitudes opositoras a Chávez, en respaldo a un dirigente antichavista y un canal de televisión.

Enrique Mendoza, líder de la extinta Coordinadora Democrática, la coalición que hasta el año pasado aglutinó al antichavismo, compareció entonces a la Fiscalía para responder a imputaciones por diversos delitos penales que se le atribuye en su acción opositora.

Posteriormente, el grupo llegó al canal de televisión «Globovisión», multado por no pagar impuestos sobre cuñas que emitió gratuitamente a favor de la huelga nacional que entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 pidió durante 63 días la renuncia de Chávez.